El ex director Héctor Espinosa.
Aton
El 7° Juzgado de Garantía de Santiago mantuvo para el próximo 13 de octubre la audiencia de formalización del exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, indagado por la supuesta malversación de $140 millones, provenientes de los gastos reservados.
El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, había solicitado adelantar la comunicación de cargos debido a la complejidad y gravedad del caso. Sin embargo, esos mismos hechos —entre otros— fueron los que el magistrado Ponciano Sallés tuvo en vista para rechazar lo requerido.
En una resolución, a la que accedió este medio, el juez rechaza la petición, argumentando que "atendida la complejidad de la causa, la cantidad de delitos e imputados sobre los que versará, conjuntamente con las herramientas procesales que tuvo a disposición el Ministerio Público para dar inicio pronto a la investigación formalizada. Unido a la necesidad de disponer de una sala especial para su desarrollo —encontrándose completamente copada (previo a la fecha ya fijada)— la capacidad de salas y jueces, por el retraso producido por la emergencia sanitaria de los últimos dos años".
Y, junto con ello, fundamenta la negativa además en "la realización de otras audiencias de similares características tanto o más graves, urgentes y mediáticas que la presente en este mismo período. Y estimando este tribunal que la fecha programada cumple cabalmente la disposición del artículo 231 del Código Penal, se resuelve no dar lugar a la solicitud del Ministerio Público".
Esta última norma se refiere a que, "si el fiscal deseare formalizar la investigación respecto de un imputado que no se encontrare en el caso previsto en el artículo 132, solicitará al juez de garantía la realización de una audiencia en fecha próxima, mencionando la individualización del imputado. La indicación del delito que se le atribuyere, la fecha y lugar de su comisión y el grado de participación del imputado en el mismo".
¿Qué pedía Campos?
El fiscal Campos había solicitado adelantar la formalización de Espinosa, advirtiendo "la gravedad" del caso y necesidad de pedir cautelares reales sobre los bienes.
En su escrito indicaba: "Con respeto solicito a su señoría sirva modificar dicha fecha, estableciéndose una nueva fecha anterior a la ya fijada para la audiencia de formalización conforme agenda del tribunal, en razón de la naturaleza y gravedad de los hechos".
También mencionaba "la trascendencia en la oportunidad en relación a las solicitudes de medidas cautelares, particularmente las reales en esta causa y para cuya formulación resulta absolutamente relevante dicha audiencia".
En este caso el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló y dio impulso a la formalización contra Espinosa y dos coimputados más.
La acción penal del organismo de defensa estatal reseñaba: "Claramente mediante su sustracción (de los fondos), estos fueron destinados a fines no previstos por el legislador, como pagos o depósitos en efectivo a funcionarios públicos. De este modo se causó un perjuicio al erario fiscal de, a lo menos, $140.000.000, monto al cual ascienden los depósitos en efectivo hasta la fecha acreditados".
