En diciembre de 2018, cuando no había pandemia en Chile, el sujeto fue formalizado.
Aton/Archivo
En juicio abreviado, el Juzgado de Garantía de Graneros condenó al empresario Raúl Schüler por receptación y daño patrimonial de monumento paleontológico, luego de que en su propiedad fueran encontradas diversas esculturas que habían sido robadas.
El Ministerio Público lo investigó por los delitos de receptación, infracción a la Ley de Monumentos Nacionales y a la Ley de Control de Armas.
De esta forma, Schüler deberá cumplir las penas de 3 años y un día y otra de 541 días de presidio con beneficio de libertad vigilada intensiva, y al pago de 100 UTM ($2.521.300)
Tras la audiencia que se desarrolló de forma telemática, la fiscal Fabiola Echeverría dijo que "hubo aceptación de aquellos hechos que fueron imputados por la fiscalía como por el Consejo de Defensa del Estado (CDE)".
El hecho salió a la luz, luego del hallazgo por parte de la policía, en noviembre de 2018, de estatuas que el empresario mantenía en su hogar, en la comuna de San Francisco de Mostazal, Región de O'Higgins, entre las que destacaba "La República", que había sido extraída de la plazuela Rubén Darío ubicada en el cerro Playa Ancha de Valparaíso.
Con todo, aún queda pendiente el juicio civil entre el empresario y el CDE, querellante en ambas causas, por daños al Estado por $485 millones, monto que el Estado debió desembolsar para restaurar piezas de un alto valor patrimonial y que en algunos casos se encontraban en muy mal estado.
Los Monumentos Arqueológicos incautados en el domicilio del condenado contaban con suciedad adherida (polvo), intervenciones y erosión e, inclusive, ciertas piezas de metal presentaban pátina por envejecimiento. Otras mostraban fracturas, piezas faltantes y manchas de pintura dado el contexto en el cual estaban siendo exhibidas. Por su parte, los textiles estaban en un mal estado.
¿Qué es un juicio abreviado?
De acuerdo al Ministerio Públicio, se trata de un procedimiento que se realiza ante el Juez de Garantía a petición del fiscal, cuando la pena requerida no excede de cinco años. Para su procedencia es necesario que el imputado acepte los hechos materia de la acusación y los antecedentes en que se funda, como asimismo que manifieste su conformidad con la aplicación de este procedimiento.
