Captura de pantalla El Austral.
Con motivo de protección a las personas que son víctimas de la violencia rural en la Macrozona Sur, el gobernador regional de La Araucanía,
Luciano Rivas, y parlamentarios de Chile Vamos, firmaron un acuerdo de apoyo transversal a un proyecto de ley que apunte a eso.
Según consignó El Austral, la firma se realizó ayer en Temuco en una reunión híbrida convocada por Rivas. Ahora el objetivo, es que el Presidente Sebastián Piñera patrocine el proyecto para que sea discutido en el parlamento.
"Concretar esta iniciativa es fundamental para avanzar en la recuperación de la democracia en la Macrozona Sur. Creemos que es el momento de empezar a actuar con hechos concretos para dar soluciones a las víctimas de violencia de nuestra región", dijo al medio el gobernador e hizo un llamado a los demás parlamentarios de la zona para que se suscriban transversalmente a la iniciativa.
Por su parte, el diputado Andrés Molina (Evópoli), señaló que "hemos consensuado y vamos a llevar este proyecto de ley a La Moneda en una semana más".
En detalle
En relación al proyecto en si mismo, contiene 18 artículos y su objetivo, según informó el medio, es que las víctimas de violencia reciban "información, apoyo, protección, resarcimiento e indemnización", en cuanto al daño físico, psicológico y patrimonial. Entonces, entrega un "marco legal" y reconoce la condición de "víctima de la violencia rural", que también protege a organizaciones e instituciones, siendo el fin la entrega de "una justicia reparadora".
Uno de sus artículos, señala que introduce procedimientos para efectuar "reclamaciones administrativas o judiciales", según sea el caso. Asimismo, que "mientras se mantengan en tramitación los procedimientos descritos en la presente ley, se suspenderá el cobro de todo impuesto o contribución respecto de los inmuebles de propiedad de la víctima".
Junto con ello, el proyecto aclara que el haber recibido compensaciones anteriores, "no constituirá un impedimento para acceder a los procedimientos administrativos y judiciales descritos en la presente ley".
Por otro lado, explica que es el Estado quien debe hacerse cargo de las "costas personales y procesales a que den lugar los procedimientos descritos en la presente ley, sean en sede administrativa o judicial, debiendo nombrarse un abogado para el caso de la víctima que carezca los medios necesarios".
Finalmente, se presenta la elaboración de un registro histórico especial con todas las víctimas. Con esto, por el solo hecho de estar inscrito, la idea es que gocen "de preferencia para la obtención de beneficios y accesos a educación, salud, previsión, subsistencia y vivienda, así como acceso a créditos y prestaciones por parte de entidades privadas y públicas".
