Una jornada de reacciones ha marcado este lunes el caso del constituyente Rodrigo Rojas Vade, luego que el domingo admitiera haber mentido sobre su presunto cáncer, señalando que padece otra enfermedad que le cuesta trabajo reconocer, debido "al estigma social".
Por ahora y según ha explicado la presidenta de la Convención Constitucional,
Elisa Loncón, ya se aceptó la renuncia a su vicepresidencia adjunta, cargo que será ocupado por su dupla con la que formó paridad, Tania Madriaga (Distrito 7). En tanto, será la comisión de Ética la que analizará el caso "y tendremos esa instancia para resolver los problemas éticos que deriven de esta situación", aclaró hoy en radio ADN.
Sin embargo, aún no está aprobado el reglamento definitivo de la Convención, y hasta que eso no ocurra, se aplica el reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputadas. Por eso, el tema ha abierto el debate de la "insuficiencia normativa" que atraviesa este caso, debido a que tal como aplica a los parlamentarios, el camino de la renuncia a su cargo sólo puede ser justificada por un problema de salud que le impida cumplir con sus funciones, lo que tampoco decide el propio parlamentario, sino que la regla debe ser aplicada por el Tribunal Constitucional, lo que en el caso de la Convención sería el propio órgano.
Así lo explicó el convencional constituyente y abogado constitucionalista Fernando Atria, quien apuntó al "límite al que puede llegar la Convención", en el entendido de que se trata de un "órgano elegido por votación popular no puede sancionar o tomar decisiones respecto de sus miembros que impliquen la pérdida de sus derechos como representantes (...) yo creo que ahí, es poco lo que la Convención misma puede hacer, que renuncie o algo así".
Por su parte, la titular del Consejo para la Transparencia, Gloria de La Fuente, explicó que "hay que dejar que la institucionalidad funcione. Que se generen soluciones dentro de la propia Convención Constitucional", apuntando a lo inédito de este órgano y que al no estar sujeto al control de otros órganos públicos, "la propia Convención tiene que encontrar el camino para recuperar aquello que es tan importante, que es poner el foco en el trabajo de se está haciendo".
Implicancias legales
Con todo, Atria planteó que la situación por la que atraviesa Rojas Vade "puede tener implicaciones legales", plantando que "hasta donde yo he oído, habría realizado actividades públicas de recolección de fondos para financiar su tratamiento, habría hecho una declaración en su declaración de intereses respecto de eso, descansando en esa mentira, y eso puede suscitar responsabilidades legales".
Al revisar la declaración de
Probidad de Rojas Vade, se lee que mantiene una deuda bancaria por 27 millones de pesos, mientras que en la sección "otros antecedentes", se detalla que "
deuda bancaria corresponde a financiamiento quimioterapéutico contra el cáncer".
¿Cuáles son esas implicancias legales? El director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Pretch, explicó a Emol que esto se traduce en "las multas que establece la ley 20.880 que, en este caso, tendría que aplicarla la Comisión de Ética cuando ésta se conforme, que se traduce en multas que van de 5 a 150 UTM, y eso es todo lo que, lamentablemente, podría pasar". Esto, porque "hay una insuficiencia normativa en este caso, porque se trata de una situación distinta a la que cualquiera podría haber podido pensar".
Consultado por un eventual desafuero que permita su destitución, Pretch planteó que "para que eso pase tiene que iniciarse un proceso penal y ahí quedaría suspendido, pero eso no ocurre rápido". Dicho proceso, explicó, lo puede iniciar "un afectado o el Ministerio Público de oficio, pero por un delito como la estafa es complejo".
Quien también abordó hoy el tema fue Marcos Barraza, constituyente del Partido Comunista y co-coordinador de la Comisión Provisoria de Ética de la Convención, quien explicó que se está trabajando en un reglamento que tenga un "estándar más alto" que el de la Cámara de Diputados, pero mientras eso no ocurra, sobre Rojas Vade puede pesar alguna "amonestación escrita, algún tipo de censura, o alguna amonestación a su dieta, una multa a su salario", según dijo a Chilevisión y CNN Chile.
Agregó que el único mecanismo para que un convencional constituyente pueda ser removido o suspendido del cargo, implica que alguien tenga que pedir en tribunales de justicia su desafuero, "porque los convencionales tenemos fuero. Aplica el mismo mecanismo para un diputada o diputado", sostuvo.
En otras palabras, dicha suspensión no pasa por lo que pueda hacer el reglamento de Ética de la Convención, sino que el caso debiera llegar a Tribunales de Justicia, "comprobarse que hay alguna presunción de delito, y eso implicaría un desafuero". De hecho, de aprobarse el reglamento y aunque tuviera estándares más altos, Barraza explicó que éste "no opera retroactivamente".
