En los últimos días se conoció que la rectoría de la Universidad de Concepción había iniciado conversaciones con los involucrados.
El Mercurio (Foto de Archivo)
SANTIAGO.- El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, entró al debate luego de que se conociera la posible intención de la Universidad de Concepción de buscar un acuerdo reparatorio con los doce imputados de provocar destrozos en el campus penquista, en febrero de 2020.
Según se conoció, en los últimos días la rectoría de la universidad inició conversaciones con los involucrados, lo que generó apoyos y también críticas desde dentro y fuera de la universidad. Ante esto, el directorio corporativo de la casa de estudios convocó ayer una sesión extraordinaria para abordar la situación y pedir al rector explicaciones sobre el posible acuerdo.
Si bien aún no hay un pronunciamiento formal desde la UdeC, un grupo de convencionales constituyentes –Hugo Gutiérrez, Bastián Labbé, Tania Madariaga, Manuel Woldarsky, Giovanna Grandon y Alejandra Pérez– emitieron una declaración pública, donde aseguran que dicha salida "fue abruptamente descartada debido a desconocidas presiones", y solicitan al rector de la universidad "reconsiderar su actuar con respecto a estos jóvenes, en el contexto de los hechos ocurridos, dándoles una oportunidad y un alivio a sus familias".
Esta jornada, el subsecretario Galli criticó el involucramiento de los convencionales en el caso. "Ha habido manifestaciones, incluso ayer una declaración pública de algunos constituyentes que se olvidaron de la función que les es propia y quisieron intervenir en decisiones propias de la Universidad de Concepción y de los tribunales de Justicia respecto de personas que están siendo juzgadas y están a punto de ir a un juicio oral, por no uno, sino que sucesivos delitos: un grupo de 12 personas que lanzaron, en días seguidos, bombas incendiarias en contra de la Universidad de Concepción", sostuvo.
Agregó que "nosotros creemos correcta la decisión de la Universidad de Concepción de no llegar a acuerdo con esas personas, porque aquí hay que tomar una decisión muy clara: ¿de lado de quiénes estamos?, de los autores de estos delitos, de los que lanzan bombas incendiarias, o de los alumnos, los directivos, los auxiliares, los administrativos de la Universidad de Concepción que pudieron haber resultado seriamente dañados como consecuencia de esos delitos".
"Creo que es muy claro que el lado correcto es estar con las potenciales víctimas de delitos tan graves y que los autores respondan, como corresponde, frente a los tribunales de justicia, por la responsabilidad que les cabe en delitos tan graves como el lanzamiento de bombas incendiarias", subrayó.
