El trabajo apuntaba a prevenir "el tráfico ilícito de armas de fuego, el narcotráfico y la criminalidad organizada".
El Mercurio/Archivo
La Contraloría General de la República informó esta tarde, a través de un comunicado, que no tomó razón por "inconstitucional" del Decreto 249 con que el Ejecutivo buscaba que las Fuerzas Armadas colaboren en labores de prevención y control de orden público en cuatro provincias de la Macrozona Sur.
El documento firmado por el Presidente Sebastián Piñera, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, y el ministro (s) de Defensa, Cristián De la Maza, fue enviado hoy, ad portas del fin del estado de excepción.
"La Contraloría General de la República representó (no tomó razón) por inconstitucional el Decreto 249 enviado por el Ejecutivo este jueves 30 de septiembre, que buscaba autorizar a las Fuerzas Armadas para cumplir labores de prevención y control de orden público en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco", informó el organismo.
"De acuerdo a la Constitución Política de la República, dichas labores están a cargo exclusivamente de
Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. En virtud de tal disposición, no es posible autorizar mediante un decreto labores de prevención y control de orden público a las Fuerzas Armadas,
existiendo otras vías institucionales para dicho objetivo", añadió.
El documento del Ejecutivo, fechado el 29 de septiembre, señala en au artículo primero que "autorízase la colaboración de las Fuerzas Armadas para apoyar a las autoridades civiles competentes y a las policiales en relación a actividades que se vinculen con la prevención del porte, la tenencia y el tráfico ilícito de armas de fuego, la criminalidad organizada, el narcotráfico y el terrorismo".
Añade que los efectivos se desplegarían en las provincias de Biobío y Arauco (Región del Biobío), y de Cautín y Malleco (La Araucanía), "en el marco de las facultades que la Constitución y la ley les otorguen".
"Las Fuerzas Armadas" -sostiene- "no podrán intervenir en procedimientos operativos que implique ejercer funciones que competen privativamente a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública o a otras entidades, tales como el Poder Judicial y el Ministerio Público".
Mientras que en el artículo tercero afirma que será el Ministerio de Defensa, por orden del Presidente de la República, el que tendrá la facultad de suscribir los decretos supremos que "ordenen la organización y distribución de unidades de Fuerzas Armadas que tengan por objeto el despliegue de unidades aéreas, terretres y/o marítimas para prestar apoyo logístico, de vigilancia, de transporte y tecnológico".
