Expertos critican "negacionismo" aprobado por la Convención: "Es un camino peligroso"

SANTIAGO.- Esta semana se cumplió un hito dentro del trabajo de la Convención Constitucional, ya que ésta aprobó el reglamento que regulará su funcionamiento hasta que cumpla su propósito, por lo que ahora comienza el debate propiamente tal de las normas constitucionales.

En “Agenda Constitucional” de EmolTV expertos en la materia analizaron lo ocurrido esta semana de la Convención y, en general, valoraron que ya haya concluido esta primera parte. “Yo quiero rescatar la buena noticia de haber cerrado esta primera etapa. La Convención ha ido trabajando a un ritmo muy adecuado para cumplir en tiempo y forma la aprobación del reglamento, en el plazo que ellos mismos se habían autoimpuesto”, señaló Pamela Figueroa, académica de la Universidad de Santiago y coordinadora del Observatorio Nueva Constitución. “Esto avanza; estamos más cerca de lo que estábamos hace una semana de tener finalmente un proyecto de nueva Constitución”, resaltó, por su parte, Patricio Zapata, profesor de Derecho Constitucional de la UC y presidente del Centro Democracia y Comunidad.

En cuanto al contenido de lo aprobado, el profesor de Derecho UC, Sebastián Soto, sostuvo que “donde están las peores noticias” es en el Reglamento de Ética. A su juicio, allí “hay una serie de disposiciones que debieran causarnos bastante pudor, por cómo están escritas, por lo que significan, principalmente aquéllas que imponen la censura y que intentan crear una verdad oficial”.

Una de las disposiciones del Reglamento de Ética que más preocupa a los analistas es la inclusión del concepto de “negacionismo”. El texto –aprobado ayer– señala que se entenderá así “toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social de octubre de 2019 y con posterioridad a éste". También "toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice las atrocidades y el genocidio cultural de las que han sido víctima los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente a través de la historia, durante la colonización europea y a partir de la constitución del Estado de Chile".

Sebastián Soto afirmó que “estas disposiciones del Reglamento de Ética más lo acercan a una especie de reglamento moracal, que al reglamento de una asamblea que intenta deliberar en libertad. La constitución moralista de Juan Egaña es el hermano chico de un reglamento como éste, donde se sanciona y se intentan imponer conductas y verdades oficiales”.

Argumentó que “nosotros hoy día masivamente tenemos en Chile una convicción de que se violaron los derechos humanos en dictadura, no porque se haya impuesto una verdad oficial, no porque se haya evitado la discusión, sino que al revés, porque se promovió la discusión, porque había algunos que lo negaban y se persuadieron de lo contrario porque hubo debate. Pues bien, eso es lo que intenta prohibir una norma tan absurda como ésta”.

“Nos debería dar vergüenza que una asamblea haya aprobado una norma como ésta. No es solo una censura, no es solo una violación a la libertad de expresión, no es solo imponer una verdad oficial, sino que es desconfiar de la fuerza que tienen los propios argumentos; y por eso, en vez de persuadir, se quiere sancionar”, subrayó.

Por su parte, Patricio Zapata dijo que le parece “muy valioso que la Convención quiera instalar el respeto a los derechos humanos como la piedra angular sobre la cual se construye la nueva Constitución”. Sin embargo, advirtió que “cuando empezamos a decir que hay un discurso que es verdadero, que hay un lenguaje que es verdadero, que es el único correcto y empezamos a castigar a los que no comparten ese discurso, yo creo que entramos en un camino súper peligroso (…) es un camino muy terrible y espero que no se apliquen sanciones por decir lo que uno piensa”.

A juicio de Pamela Figueroa, el Reglamento de Ética responde “los altos niveles de desconfianza que existe en la sociedad chilena, no solamente hacia las autoridades y las instituciones, sino que entre las personas”. “Es tan alta la desconfianza que hay una necesidad de poner en un reglamento una descripción de conductas con sanciones asociadas, y eso me parece que no es el camino más apropiado para reconstruir la confianza”, sostuvo, subrayando que “sí me parece que es muy relevante poner el énfasis en los derechos humanos, pero también en la libertad de expresión”.

Los expertos también abordaron el respaldo por parte del pleno al quorum de 2/3 para aprobar las normas constitucionales, y el establecimiento de un plebiscito dirimente para aquellos casos en que una norma no alcance dicho quorum, pero sí una mayoría.

Sobre los 2/3 hay opiniones variadas. Patricio Zapata manifestó que “hubiera sido preferible que no hubiera votado la Convención una norma que lo que hace es repetir la Constitución”, remarcando que “esa regla tiene un valor autónomo, estén de acuerdo 155 convencionales o estén de acuerdo 5 convencionales”. “Haberla expuesto ahí fue un riesgo. Ahora sabemos que no hubo 103 votos para aprobar ese artículo; haberlo votado por los 2/3 suponía un riesgo muy grande; no haberlo votado por los 2/3, haberlo aprobado con 96 votos, es un precedente complejo, peligroso, si es que más adelante alguien quiere empezar de nuevo a discutir esto y usa como argumento ‘oye, pero si lo aprobamos por mayoría simple”, argumentó.

En cambio, Pamela Figueroa destacó que haberlo ratificado en una votación, le dio legitimidad al quorum de 2/3 al interior de la Convención, y también se le dio una resignificación. “Quiero quedarme con la argumentación que dio la presidenta de la Convención, Elisa Loncon, sobre que los 2/3 son una oportunidad para llegar a acuerdos amplios. Me parece que eso es bien importante que lo diga la presidenta de la Convención, porque resignifica los 2/3”, sostuvo.

Agregó que “hay que darle una resignificación política y me parece que, en ese sentido, es valorable lo que sucedió en la Convención. Era un camino más largo, pero que implicaba darle legitimidad interna en la Convención, porque ya no hay discusión de que las normas se tienen que aprobar por 2/3; o sea, nadie al interior de la Convención podría decir que eso fue un acuerdo en que ellos no participaron. Entonces me parece que, desde esa perspectiva, buscando la parte positiva del proceso, me parece que ya es indiscutible”.

En cuanto a los plebiscitos dirimentes la opinión es más negativa. Soto afirmó que “son una trampa”, aunque “no contra los 2/3, en el sentido de que pudieran imponer una norma constitucional que no tiene 2/3”, sino que “es una trampa en contra de la deliberación y en contra de los acuerdos al interior de la Convención”, pues “lo que hacen es quitar la presión necesaria que debe existir en toda asamblea deliberativa para alcanzar acuerdos”. “Ahora hay una puerta de escape, que está ahí, entonces yo puedo con mayor libertad, con mayor soberbia, sentarme en mi posición sin llegar a acuerdos, sin negociar; por eso es una trampa a la deliberación, a los caminos de los acuerdos, es la vía fácil”, sostuvo.

Pamela Figueroa criticó, además, que ese mecanismo es una “convocatoria desde arriba hacia abajo, porque el que quiere tomar una decisión es el que define los términos, las preguntas, lo que se va a consultar, por tanto, no es cierto que es un mecanismo de abajo hacia arriba”. A eso se suma que “los plebiscitos dirimentes son polarizantes, son preguntas que tienen dos opciones y por tanto tienden a la polarización; y lo que la ciudadanía está valorando es a los convencionales que buscan acuerdos y construcción de mayoría”.