La Convención Constitucional cumplió tres meses de trabajo en los cuales los convencionales no solo definieron sus normas de funcionamiento, a través de la tramitación de cuatro reglamentos, sino que también mostraron su capacidad para tomar decisiones, organizarse y avanzar en su cometido.
Si bien el balance que realizó la mesa de la Convención fue positivo, entre convencionales de distintos sectores surge preocupación respecto de al menos cuatro hechos que temen que podrían marcar un precedente negativo para la discusión de las normas que se incorporarán a la propuesta de nueva Constitución, cuyo debate comenzará con los discursos iniciales la semana del 18 de octubre.
Una indicación, un reglamento nuevo
Uno de los momentos más ásperos en la discusión se vio cuando el pleno de la Convención comenzaría a votar el reglamento de participación y consulta indígena.
El texto fue propuesto al pleno por la comisión transitoria del mismo nombre en el cual participaron 17 convencionales, quienes en 22 sesiones escucharon a 69 comunidades y personas naturales. Esa instancia destinó al menos 88 horas a la redacción de la propuesta de reglamento, de acuerdo a los 36 videos disponibles en los canales oficiales de la Convención que registró dicho trabajo. Allí, debatieron el texto que recibió 70 indicaciones sobre las cuales debatieron y votaron para tener la propuesta final.
Si embargo, llegada esta última al pleno, se presentaron otras 127 indicaciones entre la cual, la primera, firmada por 80 convencionales de escaños reservados, Frente Amplio, Chile Digno y la ex Lista del Pueblo, fue aprobada y con ello se reemplazó la propuesta de reglamento completamente.
Aunque los convencionales que presentaron la indicación defendieron que con ella se mejoraba sustantivamente el reglamento, hubo críticas desde Vamos por Chile e independientes por considerar que se pasaba a llevar el análisis y trabajo de la comisión y de los convencionales que presentaron las otras 126 indicaciones.
Angélica Tepper (ind. en cupo RN), quien fue parte de la comisión transitoria, afirma que no se puede repetir lo mismo en el debate de normas constitucionales y que si surge alguna propuesta de norma o indicación a futuro que sustituya gran parte del trabajo hecho en una comisión, debiese existir un estándar mínimo, el consultar a todos los integrantes de la comisión antes de presentar una enmienda de esa magnitud. "Si vamos a escribir un borrador de una nueva Constitución tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que conversar (...) la idea es poder trabajar en conjunto, si por algo se trabaja en una comisión", dice.
Pedro Muñoz (PS) tampoco quedó conforme con lo ocurrido y cree que en el futuro una solución podría ser que si una indicación plantea sustituir gran parte de un texto, exista una instancia de debate previo.
Uso de la palabra
Durante la votación en particular de los reglamentos, que en total sumaron más de mil indicaciones, no hubo discusión. Solo se otorgaron dos minutos a un representante del colectivo que presentó la indicación para explicarla e inmediatamente esta se sometía a votación sin debate.
Frente a esto, Agustín Squella (ind. en cupo PL) manifestó su inquietud ante el pleno pues afirma, que el uso de la palabra "es un derecho básico de todos los constituyentes” y que “tenemos que dar con algún método de trabajo que dé necesaria visibilidad y escucha a aquellos constituyentes que aparecen hoy preferidos ante otros que podrían mostrar una mayor contención a la hora de pedir la palabra". Si bien recalca que "estamos todos aprendiendo a hacer algo que nunca en Chile se había hecho antes y lo más apropiado para ello es celebrar los avances hechos en los tres primeros meses”, el convencional añade que es necesario “realizar la autocrítica que nos permita mejorar en los meses que tenemos por delante".
La convencional
Teresa Marinovic (ind. en cupo RN) ha sido una de las mayores detractoras de esta forma de deliberación. "Se ve un espíritu, un ánimo, una disposición muy poco democrática, muy autoritaria. El uso de la palabra lo deja de manifiesto, pero es un símbolo, un ejemplo, al lado de muchas cosas que han estado marcadas por este carácter", dice.
Por su parte, el convencional Hugo Gutiérrez (PC) señala que "este proceso constituyente es único y, en consecuencia, se deben escuchar todas las versiones o miradas sobre los diversos puntos que van a ser motivo de debate. A mí me parece que no es conveniente, bajo ninguna fórmula, restringir el derecho a la palabra". Añade que para las futuras discusiones sobre los temas de fondo, "esperaría que hablaran los 155 convencionales que quieran hacer uso de la palabra. El ordenamiento por colectivos o bancadas es para la buena administración o funcionamiento de la Convención, no para restringir ese derecho".
Normas de comportamiento
Otros temas que preocupan son algunas disposiciones aprobadas en el reglamento de ética, que definió una serie de acciones que constituirán infracciones a la ética, entre ellas, el negacionismo.
El artículo 23 aprobado establece que "se entenderá por negacionismo, toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social de octubre de 2019 y con posterioridad a este" y sobre "las atrocidades y el genocidio cultural de las que han sido víctimas los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente a través de la historia".
El artículo se aprobó por 80 votos a favor, 59 en contra y 11 abstenciones.
La periodista
Patricia Politzer (INN) fue una de las que votó en contra. A su juicio, "el negacionismo es una aberración, producto de la ignorancia o de la manipulación política. Sin embargo, creo que la manera de encararlo es con educación, información y debate público, la sanción penal no es la solución". La convencional añade que "más allá de las distintas posiciones, me alegra que sea un tema de debate público” y que “no pone riesgos para las futuras discusiones".
Quien sí cree que la aprobación de este artículo y otros —como las definiciones de discurso de odio y desinformación— pueden afectar el debate de los próximos meses es el también periodista Bernardo de la Maza (ind. en cupo Evópoli), quien expresa que "muchos podrán estar temerosos de lo que opinan, escriben o declaran. La intención era buena: evitar las ofensas, los malos tratos y velar por las buenas relaciones entre los constituyentes, pero se exageró tanto que las normas aprobadas me recuerdan a El Gran Hermano de Orwell, donde alguien vigila y controla todo lo que decimos y hacemos".
Por su parte, el constituyente Christian Viera (ind. del Frente Amplio), quien también rechazó dicho artículo, explica que "el reglamento de ética, lo que pretende es resguardar un comportamiento idóneo al cargo que ejercemos" pero que para él, el problema es "cómo la omisión genera infracción. Entonces hay dos alternativas: o efectivamente la omisión no opera como causal de configuración de la infracción, o en el futuro, mediante las mismas reglas que nos hemos dados, modificamos el artículo 23".
Catálogo de derechos
El reglamento general estableció una serie de tópicos mínimos sobre los cuales deberán debatir las siete comisiones temáticas. Si bien sectores de izquierda y centroizquierda de la Convención han recalcado que los temarios son un piso y no excluyen otros temas que puedan surgir en la discusión, tanto en subcomisión y comisión transitoria de reglamento y luego en el pleno se rechazó incluir algunos temas, entre ellos, el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos en la Comisión sobre Derechos Fundamentales, lo que fue catalogado por convencionales de Vamos por Chile como una mala señal.
De todas formas, Ruggero Cozzi (RN) plantea que insistirán en el punto, ya que como se ha dicho que es un temario mínimo "no impide volver a discutir. Y no me cabe duda que el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos se va a volver a discutir. Sería incomprensible que un derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos no esté en la nueva Constitución".
