Entre la segunda y tercera semana de noviembre se espera que el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, entregue al Presidente Sebastián Piñera la nómina con los cinco nombres escogidos por la institución para que el Mandatario escoja a su sucesor en el mando, el cual permanecerá hasta 2025 en el cargo.
La revisión de los antecedentes de los candidatos por parte del jefe de Estado estará marcada por el escenario judicial que enfrentan algunos miembros del alto mando, los cuales están siendo investigados en el marco del caso liderado por la jueza Romy Rutherford por fraude y malversación de fondos.
Dentro de los diez generales de división con mayor antigüedad, hay uno que ya declaró ante la magistrada, el general de División y subjefe del Estado Mayor,
Rodrigo Pino, y dos están citados: el comandante general del Personal,
Guillermo Paiva, y el comandante de Educación y Doctrina,
Osvaldo Vallejos.
De acuerdo a fuentes ligadas al mundo castrense, a los tres le tocaría ser parte de la nómina que elaborará Martínez, pero correrían en desventaja ante el jefe del Estado Mayor Conjunto, Javier Iturriaga, y el Comandante General de la Guarnición Metropolitana, Cristóbal de la Cerda, quienes son los que tendrían más posibilidades.
El primero se hizo conocido durante el estallido social, ocasión en la que asumió como jefe de la Defensa Nacional en la RM. Desde ese cargo, Iturriaga apostó por entregar mensajes de tranquilidad durante la convulsión política y social de esos días, llegando a declarar que "soy un hombre feliz, la verdad es que no estoy en guerra con nadie".
En tanto, de la Cerda se ha destacado por su liderazgo en la colaboración del Ejército en medio de la pandemia del covid-19 en la capital, la cual se enfocó sobre todo en tareas de control de las cuarentenas. También ha estado a cargo de otros eventos, como la custodia de las mega elecciones de mayo y las primarias presidenciales.
Sin embargo, tampoco se descarta alguna sorpresa y que otros nombres ingresen a la quina, como el Comandante de Apoyo a la Fuerza, Rodrigo Ventura, el comandante de Operaciones Especiales, Carlos Castillo, o su par de Operaciones Terrestres, Claudio Weber, quienes tienen menos antigüedad que los anteriormente mencionados.
De hecho, en 2018, el propio Piñera removió a casi la mitad del alto mando en la que fue la mayor restructuración del Ejército desde 1990. En esa oportunidad, 21 de los 45 miembros del cuerpo de generales de division y brigada fueron removidos, con miras a evitar que los nuevos generales pudieran estar involucrados en posibles irregularidades.
Los retos judiciales
El nuevo comandante tendrá varios desafíos. El primero, sin duda, será lidiar con las sentencias de los procesos abiertos en el denominado caso Pasajes y sus derivados. Además, deberá cargar con el peso de sus antecesores, varios de los cuales se encuentran procesados por fraude.
En ese punto, lo más apremiante será encarar los resultados de la indagatoria de Rutherford, la cual debiera concluir el próximo 2 de marzo de 2022. Por ello la ministra está tomando todas las declaraciones que pueda antes de que se cumpla ese plazo, incluyendo a los mencionados Paiva, Vallejos y Pino.
Durante la indagatoria, la jueza ya ha procesado
a más de una decena de funcionarios por fraude al fisco, los cuales participaron de una u otra forma en el abultamiento del precio de pasajes, devoluciones de dinero en efectivo por parte de agencias de turismo y el uso de dinero fiscal en viajes familiares durante sus comisiones de servicio.
Incluso tiene programado concretar un interrogatorio al propio comandante en jefe actual -quien deberá declarar por unos viajes que realizó antes de que asumiera el cargo en comisión de servicio a Estados Unidos y México- y recibir los programas de viaje de sus antecesores entre 2006 y 2019.
En las últimas semanas, Rutherford también ha citado en calidad de inculpados al general de Brigada y director de Operaciones, Rubén Segura y el general de Brigada y comandante de la División de Educación, Hugo Lo Presti. Asimismo, procesó por fraude al fisco al director de la Escuela de Caballería Blindada, coronel Patricio Zamora.
La premura de la magistrada también guarda relación con la determinación de la Corte Marcial de aplicar por primera vez la prescripción en el caso del fraude al Ejército, tras decretar el sobreseimiento definitivo del Director de Proyectos e Investigación del Ejército, Pablo Onetto, quien estaba procesado por fraude al fisco por $18.403.631.
No obstante, la semana pasada el Consejo de Defensa del Estado (CDE), recurrió ante la Corte Suprema ante esa medida. Cabe destacar que dicha institución ya acumula 11 querellas, tres ampliaciones de investigación y se ha hecho parte en 43 causas por malversación de caudales públicos y cohecho en el Ejército, entre otros delitos.
Entre ellas, está la causa en contra del ex comandante, Juan Miguel Fuente-Alba, y la indagatoria por fraude en la compra de helicópteros del Ejército, luego de que un informe de Contraloría identificara que en 2018 se habrían pagado US$ 8,6 millones de sobreprecio por las naves.
Desafíos institucionales
En términos internos, el nuevo comandante en jefe deberá afrontar los cambios que podría traer consigo la nueva Constitución y seguir de cerca una serie de proyectos pendientes en el Congreso Nacional, como el que reforma la carrera militar o las iniciativas que pretenden revisar el sistema de pensiones castrense.
Asimismo, tendrá que manejar las presiones sobre la institución para que colabore de forma más activa en la labor de las policías en la Región de La Araucanía y en el control de fronteras ante la crisis migratoria que afecta a la macrozona norte del país, en donde ya ha actuado durante el actual gobierno.
En términos internos, la nueva autoridad tendrá que trabajar con la nueva ley de financiamiento que reemplazó la Ley Reservada del Cobre. Sobre este punto, distintas fuentes castrenses aseguran que en los próximos años, el Ejército no contempla proyectos de grandes compras más que las habituales de reemplazo de material.
No obstante, aseguran que la institución está inmersa en un proceso de refacción de los cuarteles a nivel nacional. Otra tarea será continuar con la capacitación de personal con el objetivo de cumplir las nuevas misiones de la Política de Defensa Nacional, especialmente las referidas a ayudar en caso de emergencias o desastres naturales.
