Una violenta jornada se vivió ayer en el Puerto de Valparaíso, en medio de una protesta protagonizada por pescadores artesanales, la que fue repelida con el uso de la fuerza por parte de personal de la Armada.
Los manifestantes se desplazaron en botes y quemaron cinco grandes neumáticos instalados en el puerto que sirven para amortiguar el atraque de los barcos de gran tamaño. Ante esto, lanchas del Servicio General de la Gobernación Marítima de Valparaíso salieron a perseguirlos, arrojaron chorros de agua para controlar el fuego y usaron gases lacrimógenos a los manifestantes. Por su parte, los tripulantes de los botes les arrojaban bombas de pintura y líquido acelerante, según lo relatado por la autoridad marítima a "El Mercurio".
Las lanchas de la policía marítima también realizaron maniobras de oleaje para desestabilizar a los botes pesqueros. No obstante, un grupo de manifestantes logró llegar al sitio 6 del puerto, donde prendieron fuego a otro neumático de amortiguación y algunos tripulantes treparon al espigón para tratar de soltar las amarras (espías) del buque "Cóndor Bilbao", que estaba atracado en el lugar. En ese momento, personal naval utilizó armas de aire comprimido para evitar que soltaran las espías. Según señaló la autoridad marítima, de haber prosperado la maniobra, el mercante habría quedado a la deriva, con riesgo de colisionar con otros buques en el terminal marítimo.
Producto de los incidentes, tres pescadores artesanales resultaron heridos con perdigones de goma en su cabeza y espalda.
¿Quiénes son los manifestantes y por qué protestan?
La manifestación fue realizada por pescadores artesanales que en el año 2013 fueron sacados de la bahía de Valparaíso, ya que la caleta Sudamericana que ocupaban sería alcanzada por las obras de ampliación del puerto, con la construcción del Terminal 2.
Por ese hecho, los trabajadores recibieron una indemnización de $6 mil millones de parte de la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV).
Además, se les permitió trabajar durante ocho años en la caleta El Manzano, de Quintero. Pero dicho contrato venció en agosto pasado y desde entonces afirman que están sin trabajar.
Los pescadores reclaman que el Gobierno no cumplió a tiempo la promesa de construirles un muelle donde pudieran instalarse en forma definitiva. Por eso, ahora exigen que los indemnicen por el tiempo que tendrán que esperar para que esté construido.
Pescadores critican al delegado y piden rol mediador al gobernador
Los trabajadores critican el rol que ha jugado el delegado presidencial, Jorge Martínez, en el conflicto. "(Fue él) quien inició la mesa de diálogo con los pescadores, la que luego fracasó, terminando con un rotundo silencio de su parte, lo que además de mostrar inoperancia exhibe indiferencia hacia los propios trabajadores", acusó el abogado de los sindicatos, Felipe Olea, en declaraciones a "El Mercurio de Valparaíso".
Por su parte, el delegado presidencial repudió la protesta de ayer y afirmó que fue "llevar las cosas al extremo y creer que los problemas se solucionan a través de la violencia".
También explicó que la mesa de trabajo funcionó hasta que recibió el petitorio económico de los pescadores. "Nos están pidiendo bonos por $27 mil millones, además de bonos de término de conflicto correspondientes a $12 millones para cada propietario de bote, de $8 millones para cada uno de los 273 pescadores y $4 millones para pasivos y malabaristas", señaló. Dijo que a eso se suman montos por "daño moral, lucro cesante y daño emergente por $25 mil millones".
El delegado presidencial sostuvo que todo esto es "para trabajadores que no han tenido ningún perjuicio económico en su trabajo hasta ahora, e incluso es probable que hayan obtenido mayores beneficios trabajando en Quintero que donde lo hacían antiguamente".
Sin embargo, el abogado de los pescadores asegura que el delegado "miente respecto a las cifras, o bien no se encuentra al tanto", ya que debido a "su indiferencia se bajó de las conversaciones prematuramente". Indicó que, lejos de los casi 50 mil millones de pesos de los que habló el delegado, la última propuesta que realizaron los pescadores, en octubre, fue de $450 mil mensuales para cada uno de los 273 pescadores durante los cuatro años que el Gobierno tardará en construir el nuevo muelle, y un bono de término de conflicto de 2 millones de pesos, lo que en total no supera los $7 mil millones.
En paralelo, los trabajadores le enviaron una carta al gobernador regional, Rodrigo Mundaca, solicitándole que interceda por ellos ante el Gobierno y que "solicite la remoción del delegado presidencial, Jorge Martínez".
El gobernador ya se reunió con los pescadores en el Muelle Prat para ofrecerles la conformación de una mesa de trabajo de carácter "inmediata, ojalá mañana (hoy), a primera hora, de manera tal de poder ayudar a que sus demandas se transformen en realidad y que no tengan que seguir migrando por el territorio, ya que merecen un trato digno".
