Desde este jueves, el pleno de la Convención Constitucional sesionará con el fin de abordar, entre otras cosas, el cronograma propuesto para el trabajo de los próximos meses.
A medida que los convencionales conocieron los detalles del calendario, surgieron diversas críticas sobre tres puntos que marcarán el debate de hoy: la realización del plebiscito dirimente, el periodo de recepción de las iniciativas populares de norma, y la prórroga de tres meses del plazo de trabajo, ya incluida en la planificación.
En cuanto al plebiscito dirimente, el cronograma preliminar reserva el fin de semana del 7 y 8 de mayo para realizarlo, a pesar de que es necesaria una reforma constitucional que lo permita. El mismo reglamento general establece que primero deben ejecutarse las “reformas a los cuerpos normativos pertinentes”.
En ese contexto, la constituyente de la UDI, Carol Bown, declaró que “se incluyen los plebiscitos dirimentes, que es algo que no ha sido aprobado todavía. Hay que ser serios para hacer el trabajo y hacerlo incluyendo hoy día lo que está contemplado en la Constitución y lo que está mandatado para hacer".
Otro de los temas que generó ruido es la ampliación del plazo de trabajo del órgano constituyente, ya integrado en el cronograma. La Constitución establece que la Convención tendrá nueve meses, prorrogables por tres más, a solicitud de la presidencia o un tercio de los constituyentes. Esta solicitud debe hacerse entre quince y cinco días antes del fin del proceso, cuando se cite a una sesión especial donde la Mesa dé cuenta de los avances y así se entenderá prorrogado el plazo.
La crítica, principalmente de Vamos por Chile y el Colectivo del Apruebo, giró en torno al hecho de que no se consultó al Pleno.
"No creo que sea bueno que antes de iniciar el trabajo de contenidos de cada una de las comisiones, ya se esté diciendo que se va a utilizar la prórroga. Además, esta es una decisión que no es resorte de la Mesa, es una decisión del Pleno. Creo que es clave que se discuta con todos antes de anunciar situaciones que no están decididas", criticó Felipe Harboe (Colectivo del Apruebo).
"En el cronograma nadie de los que estamos acá tiene derecho siquiera a vacaciones, soy mamá, tengo una hija, también tengo derecho a tener vacaciones. Puedo dejarlo de lado porque está el bien común y el futuro de Chile en nuestras manos, pero también hay que ser serios [...] vamos a tener que sopesar por un lado la celeridad de los plazos y la responsabilidad que esto significa", comentó Manuela Royo (Movimientos Sociales Constituyentes).
La iniciativa popular de norma
Además, el plazo de recepción de las iniciativas populares de norma complicó el diseño del cronograma y es uno de los puntos que, según comentó el mismo vicepresidente Jaime Bassa durante el jueves, no genera consenso al interior de la Mesa.
El cronograma preliminar indica un periodo de 60 días de corrido para ese fin, entre el 8 de noviembre y el 6 de enero. En ese tiempo, la ciudadanía podría ingresar sus iniciativas de norma constitucional a una plataforma especial, con
la firma de un mínimo de 15 mil personas en al menos cuatro regiones.
Esa ventana, es considerada insuficiente por algunos sectores políticos.
"Que sean dos meses para juntar firmas es un plazo bueno, pero yo abriría otro período de iniciativas, porque también es importante la participación ciudadana y hay gente muy desinformada de la Convención. Que se abran dos espacios sería positivo para la ciudadanía", opinó Cristóbal Andrade (Lista del Pueblo).
"Tiene que ser un plazo más largo. Si acá estamos apostando por dar participación, por dar identidad, que los territorios tengan que ver en esto. Lamento que con la premura, con el tiempo tan acotado, aquí lo que se sacrifica es la participación de la ciudadanía", sumó Ramona Reyes (Colectivo Socialista).
