"Una Constitución no hace que llueva, ni limpia el aire o los mares; pero sí puede obligar al Estado y a nosotros como ciudadanos a responsabilizarnos de cómo tratamos nuestra tierra, el agua, el mar", dijo el convencional Alfredo Moreno (UDI) en su discurso de apertura.
No fue el único que hizo alusiones a la necesidad de un desarrollo sustentable para el país. Carolina Sepúlveda (INN) afirmó: "Les invito a que juntos construyamos ese Chile que hemos soñado, porque hoy es el tiempo de salvar a nuestro planeta de una crisis climática".
Sus alocuciones se suman a las de decenas de convencionales, entre las cuales surgió una y otra vez la idea de "poner fin al modelo extractivista", con el objetivo de pasar a una era basada en el desarrollo y la innovación, planteando una oposición entre ambos escenarios.
Según Carolina Videla (PC), "este modelo (extractivista) estará en tensión en forma permanente pues es arrasador de los bienes naturales", dice.
Sin embargo, para otros constituyentes esa dicotomía es más bien un conflicto artificial. Felipe Harboe (PPD), por ejemplo, afirma que "se puede tener un modelo que explote recursos naturales y a su vez que sea innovador. De hecho, la extracción de tierras raras con procesos innovadores que disminuyen los impactos ambientales de su extracción hace aún más rentable dicha actividad. La innovación debe ser parte de toda actividad productiva y comercial si queremos pasar a un estado mayor de desarrollo".
Roberto Vega (RN), opina que son miradas distintas de enfrentar un problema, que deben conjugar el crecimiento económico con la mitigación ambiental, mientras Christian Viera (FA) plantea que se trata más bien de una discusión política. ¿Es la Constitución la encargada del diseño económico de un Estado? "Sí y no. Sí, porque desde la Constitución surge el impulso hacia un determinado paradigma que se canaliza por la política democrática (ley, reglamentos). Y no, porque pueden existir programas en la Carta Magna que luego no se realicen políticamente", sostiene.
Economía de ideas
Harboe propone que en la Constitución, la innovación esté presente en tres dimensiones: como uno de los principios inspiradores de la Carta; como obligación del Estado de promoverla en el ámbito público y privado; y como derecho ciudadano. Esto, "permitiría que los gobiernos que vengan, cualquiera sea su color político, y legisladores se vean obligados a considerarla en la elaboración de leyes, presupuestos, planes o programas", señala.
Bernardo Fontaine (ind. en cupo RN), en tanto, considera que se requieren reglas claras, entre ellas, establecer un mercado de capital profundo y de competencia. "Para aquello, propondría incorporar en la Constitución la obligación para el Estado de impulsar la competencia en sus leyes, reglamentos y como poder comprador. Además de eso, este debiera profundizar el apoyo a la innovación y ser un Estado digital", dice.
Vega, por su parte, señala que hay que crear las herramientas para que las empresas puedan invertir en I+D y que el Estado sea garante.
Al respecto, Ramón Molina, director ejecutivo del Centro de Innovación UC, comenta que es importante que el país transite desde la economía de la fabricación a la economía de las ideas, y que eso sea empujado desde la Ley Fundamental.
"Este impulso hacia el desarrollo debe complementar el carácter de fabricante para incorporar ingeniería con más fuerza, además de la sofisticación de este camino, que viene de la mano de diseño, conocimiento e ideas", explica. Añade que se debiesen establecer más y mejores subsidios tributarios rápidos para etapas tempranas de inversión, "pero la gente y las empresas deben perderle el miedo a la innovación. Para ello, también es importante incentivar desde la Ley Fundamental, la asociatividad de las empresas, para que no inviertan solas".
Ejemplos normativos
Un artículo publicado en el "Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law" de 2020, compara las principales constituciones del mundo en lo referente al derecho a la ciencia y al desarrollo tecnológico.
Eduardo Bitran, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAI, señala que ahí se definen cuatro componentes de este derecho a la ciencia. Estos son: el disfrute de los beneficios del progreso científico; la libertad de la ciencia; la protección contra los efectos adversos de la ciencia; y el deber de fomentar el progreso científico y tecnológico.
"En el estudio se señala que 141 constituciones tienen alguno de estos cuatro componentes. Luego, de 202 constituciones analizadas, 27 siguen la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y establecen explícitamente el 'derecho a participar y gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones'. Y un total de 50 constituciones señalan la libertad de realizar investigación científica", analiza Bitran.
Asimismo, comenta que en los últimos cambios constitucionales en el mundo, se ha avanzado estableciendo la obligación para el Estado de promover el progreso de la Ciencia y la Tecnología. "Un total de 12 países establecen esta obligación, entre los que se cuentan Italia, Uruguay, India y Egipto, por mencionar países de diferentes continentes", dice.
Siguiendo la experiencia internacional, agrega el académico, se puede establecer en términos generales el deber del Estado de impulsar la ciencia, desarrollo científico e innovación, requiriendo al Estado evaluar periódicamente el esfuerzo y avance que se realiza en estas materias.
"Una de las dificultades de esta posibilidad, es que los beneficios se perciben en el largo plazo, y la dinámica política electoral privilegia iniciativas de impacto rápidas. Es decir, tenemos un problema de inconsistencia dinámica, que impide realizar esfuerzos de mayor alcance en este ámbito", indica.
¿Cómo solucionarlo? "Chile tiene una institución, el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID), creada en 2005, que la nueva Constitución podría otorgarle un rango de institución autónoma", propone Bitran.
Así, agrega, este órgano tendría la obligación de proponer al país una estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación con un horizonte de largo plazo, que se actualice con cierta periodicidad, que realice estudios independientes sobre el avance del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (...) y que cada gobierno debería pronunciarse explícitamente sobre las recomendaciones del CNID, definiendo una política de ciencia, tecnología e innovación que podría ser ratificada por el Congreso y que finalmente debería orientar las prioridades presupuestarias del país, dejando flexibilidad para la determinación anual de los presupuestos respectivos, pero con la obligación de rendir cuentas en forma de la implementación de la política", concluye.
La convencional Videla adelanta que este debate se dará en la comisión sobre Sistemas de conocimientos, ciencias, tecnologías, culturas, artes y patrimonios. "En el proceso participativo debemos construir propuestas de normas que permitan incluir y garantizar el derecho constitucional del desarrollo democrático de las ciencias, conocimiento, tecnologías, culturas, artes y patrimonios para el desarrollo integral de nuestro país, para el buen vivir", dice.
