Poder Judicial (Captura de pantalla).
Pasadas las 20.00 horas de este viernes y tras una larga jornada de formalización, el 12° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Leonel Contreras, funcionario policial imputado como autor del homicidio de la subinspectora de la PDI, Valeria Vivanco.
Cabe recordar que el hecho ocurrió el pasado 13 de junio, en medio de un operativo policial en la comuna de La Granja, cuando incluso tras la muerte de Vivanco fueron detenidos dos jóvenes, sindicados inicialmente como autores del crimen.
Sin embargo, los primeros antecedentes en contra de Contreras surgieron luego, desde la propia policía civil: T
res peritos de la PDI establecieron que la bala que mató a la mujer correspondía al arma que portaba Contreras, una pistola 9 mm de marca Jericho.
En ese contexto, en la instancia llevada a cabo esta jornada, el fiscal jefe de Delitos Violentos, Christián Toledo, solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, relatando que "el 13 de junio de 2021, cerca de las 15:30 horas aproximadamente, la subinspectora Valeria Vivanco Canu, subinspectora María Norambuena Urra y el imputado del crimen, Leonel Contreras Canales, efectuaban diligencias propias de su especialidad a bordo del vehículo marca Kia, modelo Morning, en la comuna de La Granja".
Asimismo, agregó que al detectar un automóvil indicado como sospechoso y seguirlo por varias arterias, tanto Vivanco como Contreras se acercaron con sus armas de servicio, pidiendo que el conductor y el copiloto descendieran para controlarlos, "(cuando) sin existir amenaza real o peligro inminente para alguno de los funcionarios policiales o sin que existiera causa o motivo suficiente, el detective imputado Leonel Contreras, de manera directa e intencional, procedió a efectuar un disparo con su pistola fiscal impactando a su compañera Valeria Vivanco, quien resulta lesionada en su zona torácica con entrada y salida de proyectil, lesiones que posteriormente le causaron la muerte".
En tanto, finalizada la instancia, el persecutor sostuvo que "a partir de numerosas pericias científicas y técnicas, especialmente balísticas y químicas, entre otras, se pudo establecer la participación del imputado en el ilícito, decretando el tribunal la medida cautelar de prisión preventiva, dada la gravedad de la pena asignada al delito, el bien jurídico protegido y el peligro para la seguridad de la sociedad".
Con lo anterior, la jueza también estableció un plazo de seis meses para llevar a cabo la investigación.
