Este lunes parte un proceso inédito en la Convención Constitucional: desde el 8 de noviembre será posible que la ciudadanía ingrese sus propios proyectos de norma constitucional -denominados "iniciativas populares de norma"- que podrán ser tramitados por las comisiones temáticas correspondientes y podrían convertirse en parte del texto de la nueva Carta Magna.
O eso, en teoría. En la práctica, la plataforma necesaria para que la ciudadanía se inscriba e ingrese sus propuestas todavía no está habilitada.
El reglamento aprobado establece que “para presentar iniciativas populares constituyentes, toda persona o grupo de personas deberá inscribirse en el Registro Público de Participación y completar el formulario digital o en papel dispuesto al efecto por la Secretaría Técnica de Participación Popular”.
No existe formalmente el registro ni el formulario, y la Secretaría Técnica de Participación Popular todavía no comienza a funcionar. No obstante, la Convención aprobó el miércoles el cronograma y este establece que el lunes 8 de noviembre empiezan a correr los 60 días para que la ciudadanía pueda enviar sus propuestas.
"Vamos a lanzar sí o sí el mecanismo con una primera fase de educación e información"
Elisa Giustinianovich
“Está bastante avanzado y nos falta afinar los últimos detalles relativos a la seguridad, porque
es muy importante que tengamos una plataforma robusta, segura, que garantice la protección de los datos personales y estamos a la espera de la última colaboración que nos falta por parte de Segpres”, explica la vicepresidenta adjunta Elisa Giustinianovich.
“Vamos a lanzar el lunes sí o sí el mecanismo con una primera fase de educación e información respecto a todos los mecanismos propuestos, pero poniendo énfasis en la iniciativa popular de norma”, agrega.
El mecanismo
Las iniciativas populares de norma permiten que una persona o grupo de personas envíen a la Convención una propuesta de norma constitucional que, acompañada de 15.000 firmas provenientes de patrocinantes de al menos cuatro regiones, sean consideradas de la misma forma que una iniciativa presentada por ocho constituyentes. Según se aprobó en el reglamento, las iniciativas podrán ser apoyadas por mayores de 16 años.
Para ingresarlas, los interesados deben inscribirse en el registro especial de participación y completar una ficha en la que indiquen sus fundamentos, una breve reseña sobre quién o quiénes proponen la iniciativa y la historia de la elaboración de la propuesta, además de una propuesta de articulado para la nueva Constitución.
La Secretaría Técnica de Participación Popular -que todavía no existe- debe determinar el mecanismo para que la recolección de firmas se pueda hacer a través de la plataforma digital y de manera física y garantice la autenticidad de las firmas, transparencia y protección de datos, además de la seguridad ante posibles vulneraciones de la plataforma, según especifica el reglamento.
“La iniciativa popular es uno de los mecanismos yo creo más esperados por la ciudadanía y que nosotros hemos promovido, porque es un mecanismo de democracia directa, así que es súper importante. El cronograma general estableció plazos globales en que se espera recibir estas iniciativas populares, pero esta próxima semana la Comisión de Participación Popular se debería reunir y determinar en qué fecha va a estar el módulo electrónico para recibir estas iniciativas”, explica el convencional Tomás Laibe (Colectivo Socialista).
Los nudos críticos del proceso
El punto de la seguridad es uno de los más problemáticos, pues no basta con una simple página web o un formulario estándar para validar la identidad de las personas que quieran patrocinar las iniciativas.
"Terminé de conversar con Claudio Gutiérrez, el encargado informal de levantar la plataforma, y me dice que apretando todos los tiempos, él
no considera que va a estar arriba el módulo de iniciativa popular de norma antes de dos semanas", alertó Jorge Baradit (Colectivo Socialista) en la reunión constitutiva de la Comisión de Participación Popular, el miércoles 3.
Un grupo de convencionales, entre quienes está Baradit, comenzó a trabajar informalmente en una propuesta de plataforma y un grupo de desarrolladores del Cuech está acompañando ese proceso. Pero el espacio no se podía habilitar ni instalar hasta que no funcionaran los organismos que establece el reglamento aprobado.
En una minuta que envió el convencional a sus pares durante la noche del jueves, se mencionan los nudos críticos del proceso.
Según se lee, aún es necesario "desarrollar con urgencia las casillas a completar por los usuarios que proponen las iniciativas"; "no está disponible el módulo de clave única, necesitamos concretar el convenio e integrar el código a la programación de la plataforma". La opción de la clave única sería la "más recomendable", dice el documento, pero tiene el problema de que no admite a menores de 18 años.
También se menciona que es preciso "asegurar soberanía digital sobre el software, los datos y su cyberseguridad", "instalar un datacenter, un grupo de técnicos informáticos capaces de mantener funcionando la plataforma", contratar espacio en nubes de almacenamiento y "adquisición de hardware para asegurar soberanía digital".
Además, se especifica que "el desarrollo tomaría a lo menos dos semanas a partir del kick off al equipo desarrollador. Luego de eso se necesitaría un periodo de prueba intensa de a lo menos tres días y una marcha blanca de otros tres días".
La Comisión de Participación Popular volverá a sesionar el lunes 8 de noviembre para revisar los pendientes de este tema y la vicepresidenta Giustinianovich sostendrá una reunión con Segpres ese mismo día en la mañana, para afinar los últimos detalles y cerrar lo relacionado a la Clave Única.
"A lo mejor en algún momento vamos a tener que correr el plazo de esos 60 días para que no se vea perjudicada la ciudadanía, pero creo que vamos a tener la mejor disposición para que esto salga bien. Sin embargo, creo que el que nos desfasemos una o dos semanas
va a dar tiempo también para que las personas puedan trabajar de mejor manera los contenidos que quieran incorporar", opina la constituyente Geoconda Navarrete (Independientes RN Evópoli).
"Espero que haya alta participación y que la sociedad civil se involucre de verdad en el proceso. Lo que sí (...) no me parece que comience a correr el período y no tengamos ni la Secretaría Técnica de Participación Popular y menos la Plataforma digital con el Registro Público de Participación. Debemos ser claros con los tiempos y espacios de participación, de lo contrario serán señales erróneas”, asegura el convencional Felipe Mena (Un Chile Unido).
"Espero que en el proceso pueda participar la mayor cantidad de personas posibles, ya sea desde la plataforma o con firmas en papel, considerando que no todas y todos los chilenos tienen acceso a conectividad", comenta la representante de INN, Carolina Sepúlveda.
Todavía no funciona la Secretaría Técnica de Participación Popular
En todo este proceso es fundamental también la Secretaría Técnica de Participación Popular. Esta es una entidad interdisciplinaria compuesta por 16 personas que deben tener conocimientos en materias constitucionales, metodologías de participación y análisis lingüístico, entre otras cosas.
Pero el plazo para enviar los currículum de los interesados en integrarla terminó recién el 2 de noviembre. Esta semana, de hecho, la vicepresidenta Elisa Giustinianovich pidió a un subgrupo de la comisión que revise los antecedentes de las 30 personas que postularon y que elijan a un número de ellos para facilitar que la secretaría comience a funcionar durante la segunda semana de noviembre.
