El Mercurio (referencial)
La Fiscalía Regional de Valparaíso solicitó dos audiencias de formalización para tres funcionarios de Carabineros por hechos ocurridos durante el conocido como "estallido social".
En primer lugar, hizo el requerimiento al Juzgado de Garantía de Viña del Mar para dos uniformados -Mario Arancibia González y Mario Guzmán Yuri- por los delitos de homicidio frustrado en contra de ocho víctimas y disparos injustificados que terminaron con personas lesionadas durante la manifestación del día 22 de octubre de 2019, en el sector de la plaza Sucre. Además, a uno de lo dos por el delito de falsificación de instrumento público.
"La solicitud de formalización se realizó después de una larga investigación realizada por la Fiscalía en conjunto con la Unidad Especializada de la Policía de Investigaciones destinada para tal efecto", dijo el fiscal de la ciudad jardín, Juan Sebastián de la Fuente, según consignó El Mercurio de Valparaíso.
Luego de toma de declaración, solicitud de exámenes corporales a las víctimas y pericias, señaló que lograron arribar a la conclusión de que "hay antecedentes suficientes para formalizar la investigación en contra de estos dos funcionarios de Carabineros".
Tras ello, la audiencia quedó fijada para el próximo 29 de noviembre, a partir de las 08:50 horas en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.
Audiencia para funcionario en San Antonio
De manera adicional, la Fiscalía pidió una audiencia de formalización al Juzgado de Garantía de San Antonio para un funcionario de la institución por "apremios ilegítimos". El imputado es Alejandro Orellana Vera, de la primera comisaría de Carabineros de esa comuna.
"Se solicita audiencia para formalización de la investigación respecto de funcionario de la primera comisaría de Carabineros de San Antonio, quien en el marco del estallido social, en noviembre de 2019, agredió a una manifestante, dándole un puntapié en el rostro mientras se encontraba detenida, provocándole lesiones", aseguró el fiscal de la Fuente, según precisó El Líder de San Antonio.
El mismo medio sostuvo que posterior al 18-O circuló un video en el que se apreciaba el momento en que el funcionario le propinaba una patada en la cabeza a la manifestante, quien en ese entonces tenía 18 años.
Tras los hechos, que provocó conmoción en la opinión pública, los familiares de la víctima denunciaron la agresión y ahora el Ministerio Público llevará a cabo la formalización, cuya fecha quedó fijada para el 10 de diciembre.
