En una declaración respaldada por los presidentes regionales de tres de los cuatro partidos oficialistas (Evópoli y UDI), se criticó la falta de respuesta del delegado presidencial de Antofagasta, Daniel Agusto, para enfrentar lo que significó la detención del ex funcionario de la Coordinación Regional para la Prevención del Delito, imputado por el delito de narcotráfico.
"Rechazamos categóricamente y encontramos impresentable que un funcionario del gobierno regional, contratado en un puesto clave para la seguridad de nuestra región y país, cargo en el cual se maneja información privilegiada y estratégica, se haya visto involucrado en un hecho delictual de tal magnitud e índole", destaca el texto, según consignó El Mercurio de Antofagasta.
Tras dar a conocer que el ex militante de Renovación Nacional imputado no contaba con un título profesional acorde a sus funciones, también se cuestionó a la diputada de RN, Paulina Núñez, ya que la señalan como responsable de "las decisiones de vinculaciones y desvinculaciones laborales del gobierno regional, que han pasado por el visto bueno de la parlamentaria de RN de la Región de Antofagasta".
En esa línea, el texto agrega que les llama la atención el grado de "desprolijidad" en el proceso de reclutamiento y "nos interrogamos de como se pudo aplicar una actitud tan liviana en un ámbito tan sensible y medular para nuestra seguridad pública, estando obligados a constatar que se ha contratado a personas que no tenían el perfil idóneo y técnicos para ese cargo de extrema sensibilidad".
Tras ello, instaron al delegado a tomar medidas correspondientes: "Es de primera urgencia por el bien de nuestro sector, esclarecer con la máxima transparencia y en su integralidad lo que ha sucedido acá. No podemos manchar a todo un sector, a sus militantes, simpatizantes y candidatos, porque algunos delincuentes lograron entrar a nuestro gobierno", acota el documento.
En ese sentido esta jornada la parlamentaria de RN, junto a su par José Miguel Castro, se entrevistaron este sábado con el Fiscal Regional Alberto Ayala y le entregaron una copia de la querella que presentaron contra el funcionario gubernamental.
"No vamos a permitir que estos miserables se infiltren en el Estado y la política. Esto es de la mayor gravedad y por ello, junto con pedir su expulsión, preparamos esta querella y nos pusimos a disposición del Fiscal para perseguir con todo el rigor de la ley a estas verdaderas lacras que llevan las drogas a nuestras poblaciones", dijo la legisladora al respecto.
Asimismo, agregó que "este tipo abusó de la fe y la confianza de su partido y engañó a quienes decidieron su ingreso en la administración pública, justamente a un área tan sensible como es la Subsecretaría de Prevención del Delito".
Otras opiniones y presentación de una querella
Por su parte, la presidenta regional de RN, María Bernanda Jopia, acusó que no está de acuerdo con la carta y acusó que el caso no tiene que ver con el partido político. "Esto no tiene que ver con si una persona es o no militante de un partido, tiene que ver con decisiones personales así que eso es lo que yo he manifestado", sostuvo.
Agregó que es "querer ver bajo el agua si hay o no responsabilidades de otras personas que tienen alguna importancia o connotación de poder en nuestro partido. Encuentro que quieren ver debajo del agua, la verdad es que pudo haber pasado a cualquiera y en cualquier ámbito de la vida".
En tanto, ayer la delegación de la región interpuso una querella en contra de los imputados por el caso de narcotráfico dado a conocer en la semana. Según indicó el medio, es por los delitos de tráfico ilícito de drogas; infracción a la Ley de Control de Armas; porte ilegal de armas y municiones: uso de información reservada o privilegiada; uso malicioso de instrumento público; receptación de vehículo motorizado; y falsificación de placas patentes (Ley del Tránsito).
