Durante esta mañana, los diputados de Chile Podemos Más, Jorge Alessandri (UDI), Sebastián Torrealba (RN) y Luciano Cruz Coke (Evopoli), se dirigieron a la Contraloría General de la República, en donde interpusieron un recurso en contra de la Municipalidad de Santiago por mal uso de recursos públicos.
Lo anterior se justifica considerando unas fotos que tomaron vecinos de la comuna ayer (sábado), en donde se observan camiones de basura trasladando sillas y otros instrumentos al Parque San Borja, lugar donde se desarrolló una actividad organizada por el movimiento No + AFP.
"En cuatro meses de la administración de la alcaldesa de Santiago podemos destacar tres hitos: primero, el anuncio de 1.500 permisos para vendedores ambulantes; segundo, el Municipio se va en contra y detiene la construcción de la línea 7 del metro y tercero, convierte a la municipalidad en la productora de eventos de Luis Mesina", indicó Jorge Alessandri.
Agregó que "vemos que, por ejemplo, a quienes viven en el parque Los Reyes les dicen que no hay camión y los del San Borja cuando solicitan les dicen que no hay vehículos municipales y bueno, ayer supimos donde estaban los camiones y los vehículos municipales".
Por su parte, el diputado Luciano Cruz-Coke sostuvo que "vamos a solicitar a Contraloría que investigue la acción que ha tomado la alcaldesa Irací Hassler. Es muy importante que los recursos se gasten en los vecinos, particularmente en su seguridad. Aquí tenemos un acto político financiado con recursos municipales, mientras los vecinos que solicitan recursos para actividades propias del sector, no tienen acceso a estos recursos".
Asimismo, su par de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba, precisó que "una municipalidad que desvía recursos para hacer proselitismo político es una municipalidad que no representa a todos los vecinos de Santiago y eso ha quedado de manifiesto no sólo en la acción de ayer, sino que en nuestros recorridos por Santiago".
Comunicado de la municipalidad
Ayer, en la página oficial del municipio, publicaron un comunicado en el que respondieron por diversas "denuncias recibidas".
"La Ilustre Municipalidad de Santiago, a través de su Dirección de Fiscalización, tiene la facultad legal y administrativa para autorizar la utilización de bienes nacionales de uso público de la comuna de Santiago", precisaron en primer lugar.
Luego, señalaron que la actividad fue debidamente autorizada por la Dirección de Fiscalización, que los organizadores solicitaron vía correo electrónico mobiliario correspondiente a 40 sillas y, "dichos elementos fueron facilitados por parte de la Ilustre Municipalidad de Santiago para el desarrollo de la actividad".
"Según lo solicitado por la organización, en ningún caso la actividad tenía características políticas, o de proselitismo partidario. Este tipo de apoyos se han realizado en anteriores gestiones y se enmarcan en la relación que los municipios tienen con las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil", acotaron.
Y, destacaron que todo lo anterior, se hizo de acuerdo a una evaluación que realiza la municipalidad, que considera la disponibilidad de los recursos, factibilidad y la caracterización de la actividad.
"En función de lo anterior, tanto la actividad como el apoyo brindado por el municipio se encuentra debidamente autorizado, y conforme a la normativa vigente", finalizaron.
