El debate por la existencia del Tribunal Constitucional en la nueva Constitución se abrió este martes en la Comisión de Sistemas de Justicia. La instancia se encuentra en su cuarta jornada de audiencias y en esta oportunidad recibió al presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, y al presidente del Tribunal Constitucional, Juan José Romero, quien asistió en compañía del ministro Gonzalo García.
En su exposición, Silva fue consultado por la posibilidad de que la Corte Suprema se hiciera cargo del control de constitucionalidad, en lugar del Tribunal Constitucional.
“Fue un rol que desempeñamos mucho tiempo y se nos quitó y pasó al TC.
Si vuelve a nosotros, no tendríamos problema en que volviera, es una decisión que tienen que tomar ustedes”, respondió Silva.
“Yo estoy por irme del Poder Judicial, no voy a vivir esa situación, así que mi opinión importaría poco. Pero viví esa época, nunca tuvimos problemas en resolver eso, pero creo que está bien que sea el TC el que ejerza esa materia. Esa es mi opinión”, agregó.
No obstante, sí estuvo de acuerdo con reformar algunos puntos específicos en lo relacionado a las atribuciones del órgano en cuestión. “Yo pienso que el TC tiene que mantenerse pero delimitarse muy clara y precisamente las competencias de uno y otro para evitar problemas como el que pasó hace poco tiempo atrás”, declaró Silva..
La máxima autoridad de la Corte Suprema hizo referencia así al conflicto que atravesaron ambas cortes en 2019, en el que el TC le recriminó a la Corte Suprema el pretender “rediseñar el esquema de competencias constitucionales” ante la revisión de sus dictámenes.
“Debe existir un tribunal que imparta justicia constitucional”
Más tarde, el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José Romero, argumentó a favor del organismo que dirige.
“Para nuestro país, la Constitución importa y sus disposiciones merecen ser cumplidas. Si se estima que la existencia de una Constitución es esencial, también debe asumirse que tiene que existir un ente diferente a los órganos colegisladores -el Presidente de la República y el Congreso- que vele por la aplicación de sus disposiciones:
un tribunal que imparta justicia en el ámbito constitucional”, afirmó Romero.
El presidente de ese tribunal también compartió su opinión respecto a modificaciones que, a su juicio, debieran hacerse. Primero, aseguró que “el número de integrantes debería ser impar y no debería existir voto dirimente del que presida el tribunal o corte”.
También mencionó brevemente la posibilidad de modificar los requisitos y sistemas de nombramiento. Ese punto fue especialmente polémico en la comisión, pues los convencionales Manuela Royo, Luis Jiménez y Daniel Stingo fueron críticos del sistema vigente. Stingo, de hecho, le pidió que se pronunciara en concreto sobre el mecanismo, argumentando que “cambió el sistema de nombramiento de una cuestión de profesores de derecho a una cuestión más política que nos ha llevado a esto”.
“Yo le tengo que contar abiertamente que el TC tiene serio... cómo le explicamos, peligro de no seguir o seguir con las facultades muy disminuidas. Se lo cuento desde ya, para que no le vengan sorpresas después, pero incidió mucho la politización del mismo”, dijo Stingo a Romero.
Ante las preguntas, Romero se limitó a contestar que “el diálogo es clave, el convencer y dejarse convencer”, y que “no tengo ningún interés en estar haciendo ningún tipo de defensa corporativa, no le corresponde a los tribunales esa función, los tribunales hablan por sus fallos”
