La revuelta social de octubre del 2019 dejó al descubierto las profundas desigualdades que atraviesan nuestra sociedad, siendo una de las más relevantes la distribución del poder. Por un lado, se trata de una profunda crisis de la política, el sistema de partidos y de la idea misma de representación. Por otro, de un rechazo transversal a la corrupción, el cohecho y la corrosión de las instituciones públicas. En este contexto, el proceso constituyente y la instalación de la Convención Constitucional representan una oportunidad histórica para abrir la política a la sociedad.
Un sistema político que responda a las actuales exigencias supone una concepción mucho más robusta y amplia de democracia, que exprese y reconozca la heterogeneidad de la sociedad y sus actuales formas de organización, sin las limitaciones impuestas por la Constitución de 1980 y la política de la transición.
Pero también debe ocuparse de combatir las condiciones materiales que inhiben la participación popular en la política. Estamos hablando de extensas jornadas laborales, trabajo de cuidado no valorado, ausencia de reconocimiento de identidades diversas y una concepción unidimensional de nación, entre otros.
Es decir,
la discusión sobre régimen político no debe limitarse a la distribución del poder institucional, sino que a una redistribución de poder hacia la sociedad. Para ello debe replantearse la concepción de soberanía popular, que en las interpretaciones más restrictivas de la democracia, concordantes con la comprensión neoliberal, ha reducido la incidencia a un voto, a un sistema de representación política sin arraigo social. Por lo tanto, la soberanía popular debe ser redefinida concibiendo el poder popular como un ejercicio activo desde la participación vinculante y la garantización de condiciones que permitan la participación y deliberación efectiva.
Para alcanzar este propósito, se requiere consagrar en la nueva Constitución una democracia popular y paritaria, que complejiza la idea de ciudadanía a partir de la capacidad de intervención social y política. De ahí la centralidad de derechos y de igualdad sustantiva. La democracia paritaria expresa el desafío de superar el carácter excluyente que han tenido los sistemas políticos a partir del presupuesto de la universalidad, por lo tanto, es más que igual participación; supone enfrentar concretamente la desigualdad en el sostenimiento de la vida.
En concreto, a nivel legislativo proponemos la creación de las figuras de la iniciativa popular de ley, el veto popular y la revocabilidad de los cargos de representación popular.
Al mismo tiempo, mecanismos deliberativos y de control ciudadano en las instituciones del Estado, como la incorporación de integrantes de organizaciones sociales y de la sociedad civil en los cuerpos directivos de agencias administrativas; la incorporación de formas de participación y control social en las instituciones encargadas de la prestación de bienes y servicios que materializan derechos sociales, así como en la gestión de los bienes comunes en una lógica descentralizada; directorios revisores ciudadanos, en las unidades de la administración, la constitucionalización del principio paritario en todos los poderes del Estado, el establecimiento del enfoque de género, el reconocimiento de la igualdad de género y el trabajo de autosustento y de cuidados, el acceso a la justicia bajo estándares de derechos humanos, entre otros.
Finalmente, una modalidad de "fuero social", que garantice materialmente la participación de la sociedad civil organizada, es decir, complejizar la concepción de sistema de partidos, hacia un sistema de partidos y de la organización social que no restringe la soberanía popular a la dimensión representativa de la democracia, sino que le reconozca agencia permanente a las personas, de forma individual o colectiva, en la deliberación política.
