Durante esta noche, personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros arribó hasta la sede del partido Comunes, para llevar a cabo un allanamiento, en medio de la indagatoria del Ministerio Público contra Karina Oliva, por el presunto delito de fraude de subvenciones, en su declaración de gastos de campaña a gobernadora por la Región Metropolitana.
En ese sentido, según explicó el fiscal Milibor Bugueño, de la Fiscalía de Alta Complejidad, el procedimiento estuvo enmarcado en una serie de diligencias que se llevarán a cabo, con el fin de "obtener la mayor cantidad de información posible".
Previamente se conoció que durante la tarde el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, llegó hasta el domicilio de la actual candidata al Senado para recabar antecedentes, sin lograr dar con ella.
"Es de público conocimiento que se recibió una denuncia y en virtud de eso se han realizado distintas diligencias. Dentro de ellas está que en primer lugar se intentó solicitar la autorización para tener registro en distintos lugares y como no se logró, se pidió la autorización judicial respectiva y se están realizando estas distintas diligencias para reunir la mayor cantidad de antecedentes que justamente ayuden a la acreditación de los hechos que han sido denunciados", manifestó Bugueño al respecto.
En ese sentido, detalló que "dentro de la investigación estamos trabajando paralelamente con el departamento del OS7 de Carabineros, de delitos asociados a posible lavado de activos, y con ellos estamos realizando todas las diligencias para esclarecer los hechos que se han denunciado y establecer eventualmente responsabilidades de una o más personas".
Igualmente, consultado por si en la instancia se hallaron documentos de interés, el persecutor indicó que "eso es parte de la indagatoria, todas estas diligencias eran totalmente necesarias de hacer y de forma oportuna y eso se está realizando y para el éxito de la investigación eso queda reservado".
Cabe recordar que los hechos quedaron al descubierto gracias a una investigación de Ciper, que reveló que siete asesores de la campaña de Karina Oliva a gobernadora presentaron rendiciones de gastos electorales por $137 millones, lo que la actual carta al Senado en el pacto frenteamplista, a quien el abanderado del bloque, Gabriel Boric, le quitó el respaldo, atribuyó a un extenso tiempo de campaña, los que superan lo que establece la ley.
