El pasado 22 de noviembre el
Consejo para la Transparencia resolvió multar al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, con el 30% de su sueldo de un mes.
Esto, según el fallo del organismo, por "haber denegado infundada y reiteradamente la entrega de la información solicitada a la Subsecretaría del Interior, en los plazos y formas establecidos en la Ley N° 20.285".
El CPLT acusa además de Galli, al jefe de la División Jurídica, Cristián García Huidobro y al jefe del Departamento de Extranjería, Álvaro Bellolio, de entregar fuera de plazo información solicitada.
"La falta de respuesta dentro del plazo legal establecido para ello, implica una denegación infundada en la respuesta y en la entrega oportuna de la información en los casos en que no concurra una causal constitucional o legal de reserva o secreto", señala el organismo.
Ante esto,
desde el Gobierno señalan que hay "molestia ante las sanciones por atraso de respuestas de transparencia en pleno estallido social y pandemia". Aseguran que entre marzo del 2020 y mismo mes del 2021 recibieron 4.629 solicitudes de entrega de información, "
y se formularon cargos por solo 162 respondidas fuera de plazo, que es el 3% del total ingresadas".Agregan que "en el contexto de pandemia y estallido hubo un aumento de requerimientos, donde el nivel de exigencia para la subsecretaría aumentó significativamente".
El subsecretario Galli apelará a la medida y "llegará hasta las últimas consecuencias ante la desproporción de la situación", sentencian desde La Moneda.
