El OS9 de Carabineros logró la detención de
nueve personas acusadas de formar parte de tres bandas distintas dedicadas al
tráfico de migrantes a través de la frontera de
Colchane, en la Región de Tarapacá.
Según la Fiscalía de Iquique, la investigación de los sujetos duró 10 meses y se desarrolló a través de diferentes técnicas, entre ellas el seguimiento, interceptaciones telefónicas, uso de drones y entrevistas a víctimas y testigos.
La fiscal Jocelyn Pacheco detalló que el operativo se llevó a cabo en el marco de la crisis migratoria que atraviesa el país, en especial la macrozona norte, con el ingreso diario personas provenientes de otras naciones.
"Ante el ingreso masivo de extranjeros por la frontera, iniciamos una investigación detectando que existían distintas bandas criminales dedicadas netamente al ingreso ilegal de ciudadanos extranjeros", precisó la persecutora.
Agregó que "este ingreso lo hacían a través de coordinaciones con ´coyotes´ o ´chamberos´ que son los guías, con los cuales preparaban el ingreso por la frontera de personas de nacionalidad venezolana, colombiana y boliviana, para a través del pago de una suma de dinero, trasladarlas a distintos puntos de la región y del país, como Iquique, Copiapó, Ovalle y Santiago".
En este sentido, Pacheco indicó que las tarifas de los imputados eran variadas, y estas dependían del destino de los migrantes. El precio más barato era el de $30 mil, para quienes iban a localidades del interior de la región, mientras que el más caro era el de $280 mil, para aquellos que querían ir a Santiago.
"Se logró desarticular una importante organización que estaba lucrando con la vulnerabilidad de muchísimas personas extranjeras. Aquí hay personas que han planificado acciones para poder traer a estos migrantes, cobrándoles altas sumas de dinero y haciéndolos pasar ilegalmente la frontera, poniendo en riesgo su integridad física y su salud”, indicó por su parte el jefe de la I Zona de Carabineros, general Sergio Telchi.
Asimismo, se confirmó que los nueves detenidos ingresaron al país a alrededor de 400 personas, y el dinero que cobraban lo utilizaban para la adquisición de vehículos para ampliar su ilícito negocio. De hecho, entre sus posesiones se encontraron 9 automóviles.
De esta forma, los individuos quedaron en prisión preventiva puesto que su libertad se consideró un peligro para la sociedad. La investigación quedó fijada con un plazo de 60 días.
