Ya se cumplió un mes desde que la Convención Constitucional abrió el plazo para la presentación de iniciativas de norma y los constituyentes han ingresado, hasta el minuto, diez. El periodo que fijó el cronograma aprobado se cierra la primera semana de enero y en la práctica queda un mes para los ingresos, pero aún queda por delante una semana territorial, que comienza este lunes 13 de diciembre.
A la vuelta de esa semana, los constituyentes terminarán de afinar los últimos detalles de las normas que ya están redactando con sus asesores y sus colectivos, y entre los distintos grupos comentan que, lo más probable es que llegue una "avalancha" de normas después de navidad.
En un mes, el colectivo que más iniciativas ingresó es Vamos por Chile, que propuso cuatro normas: el derecho a la vivienda -la primera ingresada-, el derecho a la vida, una transitoria que busca evitar el cambio de la duración del próximo mandato presidencial y una que busca garantizar la fertilización asistida.
Si bien las normas en las comisiones se pueden aprobar por mayoría, en el pleno necesitarán de 2/3 de los constituyentes para convertirlas en texto constitucional. Esa etapa comenzará los primeros días de febrero, cuando voten los primeros informes que lleguen de las comisiones temáticas. Esas instancias, en tanto, empezarán a despachar sus normas cuando se cierre la ventana de tiempo para el ingreso de estas, en enero.
Vivienda digna
La primera iniciativa presentada fue la que busca consagrar el derecho a la vivienda digna, de los constituyentes de RN, Evópoli, Colectivo Socialista e Independientes por la Nueva Constitución.
Esta dice que "los chilenos tienen derecho a una vivienda digna y poder participar en las decisiones que influyan en los procesos de desarrollo y planificación de las comunas en las que habiten, la ley determinará y regulará los mecanismos para hacer efectivo esta facultad".
Por una vida libre de violencia
Desde Talcahuano y en medio del viaje regional al Biobío, 16 constituyentes feministas de izquierda y centroizquierda ingresaron una norma para que el Estado reconozca el derecho de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una vida libre de violencia de género en el ámbito público y privado.
La presentación coincidió con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y justo a un par de días de conocer los resultados de la primera vuelta presidencial.
"La lucha que hoy día estamos dando porque en la nueva Constitución quede garantizado el derecho a una vida libre de violencia no se da en cualquier contexto. Estamos en un contexto complejo, en que se fortalecen sectores que pretenden hacer retroceder estas garantías y estos derechos que hemos conseguido con siglos de movilización", dijo Alondra Carrillo (MSC) en ese momento.
Protección ante el asbesto
A 20 años de la inmolación de Eduardo Miño, constituyentes de Chile Digno y ex Lista del Pueblo (LDP) propusieron una norma para proteger "la salud de las personas en la ejecución de actividades económicas."
En concreto, el documento plantea en un solo artículo que "en caso alguno se admitirá la construcción de infraestructuras o el ejercicio de actividades económicas que impliquen la utilización de minerales o elementos reconocidos mortales, como el asbesto, o como dañinos a la salud o perjudiciales cuando alcanzan umbrales críticos".
"Mientras miles han seguido muriendo por asbestosis, otros miles se siguen enfermando por la presencia de asbesto en poblaciones castigadas por una industria abusiva. A esto le queremos poner punto final, en memoria de Eduardo Miño y por las familias enfermas que no han tenido justicia, y mucho menos reparación", declaró Valentina Miranda (PC), una de las promotoras de la iniciativa.
El derecho a la vida
A principios de diciembre, la constituyente Ruth Hurtado (Chile Libre) presentó una iniciativa que consagra el derecho a la vida, a la que adhirieron otros 15 convencionales: 14 de Vamos por Chile y Helmuth Martínez (ex LDP).
El texto establece que "la persona es principio, sujeto y fin de toda sociedad, de todo Estado y de todo Derecho, su dignidad es inviolable desde el comienzo de su existencia natural hasta su muerte. Todo ser humano es persona, con independencia de su grado de desarrollo".
Además, destaca que "toda persona tiene derecho a que se respete su vida. La ley protege la vida del que está por nacer".
La duración del mandato presidencial
A propósito de la polémica sobre la duración del próximo mandato presidencial -y si la Convención lo modificará o no- un grupo de constituyentes de la UDI e independientes presentaron una iniciativa que busca incluir una norma transitoria en la nueva Constitución y se hace cargo de esto.
El documento dice que "el presente texto no alterará el periodo ni las atribuciones de las autoridades que hayan sido electas por votación popular durante el funcionamiento de la Convención Constitucional".
A pesar de que la intención de los convencionales de derecha era que la Convención se pronunciara sobre el tema antes de la segunda vuelta electoral, la norma probablemente recién alcance a revisarse en la etapa final de los debates de contenidos, pues se trata de una norma transitoria, que va al final de la Constitución.
El vicepresidente Jaime Bassa, de hecho, aseguró que recién se vería en la Comisión de Armonización, que empieza a funcionar en los últimos meses de trabajo del órgano constituyente.
Un capítulo completo de disposiciones fundamentales
Esta semana, los convencionales del Colectivo del Apruebo ingresaron catorce artículos completos como propuesta para la nueva Carta Magna. Se trata del primer capítulo del Texto Fundamental, redactado principalmente por el Premio Nacional de Humanidades y constituyente Agustín Squella, que contiene disposiciones fundamentales y una serie de principios guía.
Entre estos está que Chile es un Estado social y democrático de derecho, además de que reconoce la plurinacionalidad y el carácter laico del Estado.
Si bien ingresaron el capítulo completo, reconocieron que lo compartirían con el resto de los colectivos y que la idea es llegar a una propuesta "colaborativa, no unilateral".
Consagrar el derecho al agua
Una de las mayores demandas de los ecoconstituyentes en la Convención es la consagración del derecho al agua. Ante esa necesidad, esta semana 16 constituyentes más otros 41 adherentes enviaron una propuesta que pretende incluir en la Constitución que "toda persona, sin discriminación, tiene derecho al agua suficiente, segura, aceptable, potable, libre de contaminación, físicamente accesible y asequible económicamente para uso personal y doméstico", además de la obligación del Estado de velar por la satisfacción de ese derecho.
Derecho a la fertilización asistida
Una de las propuestas más innovadoras es la que hizo la convencional Bárbara Rebolledo (Ind. Evópoli), que reflejó su historia personal en una iniciativa de norma que quiere garantizar el derecho a la reproducción humana asistida. El texto dice que "el Estado se obliga a asegurar el acceso progresivo a técnicas de reproducción asistida, para todas las personas con imposibilidad de concebir".
"La verdad es que, en la práctica, sólo porque pude pagar, hoy día soy mamá, y no quiero que existan más personas que quieran ser padres y no puedan hacerlo", dijo Rebolledo en la presentación de la norma.
A esta propuesta se sumaron nueve convencionales más, todos de Vamos por Chile.
Derecho a la vida cultural y Principio de Interculturalidad
Desde Arica, los constituyentes de la Comisión de Sistemas de Conocimiento ingresaron las dos primeras normas relativas a esa comisión: Derecho a la vida cultural, que asegura el derecho de las personas a participar libremente de la vida cultural; y Principio de Interculturalidad, que reconoce igual dignidad en todas las culturas y protege todas las formas de expresiones culturales, artes, tradiciones culturales y saberes, entre otros. Las normas cuentan con el apoyo transversal de distintos sectores políticos, desde Evópoli hasta Movimientos Sociales Constituyentes
"Diversas organizaciones de la sociedad civil han levantado demandas históricas en orden a que el Estado desarrolle políticas públicas universales asumiendo su rol de garante de los derechos culturales, democratizando las culturas y sistemas de conocimientos", dijo Ignacio Achurra (Frente Amplio), coordinador de la comisión, en la presentación de las normas.
