En las semanas transcurridas desde la primera vuelta presidencial y las elecciones legislativas (que generaron una conformación ideológica muy distinta a la de la Convención Constitucional) comenzó a cobrar cierta plausibilidad el que pudiera prevalecer la opción Rechazo en el plebiscito ratificatorio que tendrá lugar el próximo año.
En efecto, considerando que la representación de la derecha aumentó significativamente (desde un magro 24% en la Convención, a un importante 45% de la Cámara de Diputados y un 50% del Senado), y teniendo en cuenta que el candidato presidencial más opuesto a la idea de introducir una nueva Constitución, José Antonio Kast, tiene una buena chance de ser elegido Presidente de la República —con la "vocería" privilegiada que dicho cargo conlleva—, el fracaso de un proceso concebido para encauzar institucionalmente el llamado "estallido social"
apareció por primera vez como un escenario posible.
En este contexto, cabe recordar que, de acuerdo al artículo 142, inciso final, de la Carta vigente, una vez que la Convención termine su tarea de elaborar un texto de nueva Carta Fundamental, este se someterá a ratificación en un plebiscito y que, si prevalece el Rechazo, "continuará vigente la presente Constitución".
Como se puede advertir, desde un punto de vista jurídico, el efecto de un eventual rechazo ciudadano al texto elaborado por la Convención sería claro: seguiría vigente la Constitución de 1980. La pregunta que surge, sin embargo, es si esa consecuencia jurídica tendrá viabilidad política y sociológica. En efecto, si se recuerda que en el plebiscito que habilitó el proceso constituyente casi un ochenta por ciento de los votantes aprobó la idea de introducir una nueva Carta Fundamental, el fracaso de la Convención en producir una que satisfaga a la mayoría del electorado no necesariamente implicará que la ciudadanía en su conjunto quiera preservar la Carta impuesta por el régimen militar. Por cierto, no se puede descartar que algunos de quienes votarán Rechazo habrán cambiado de opinión (y ahora quieran que la Constitución vigente siga rigiendo), pero es probable que —entre quienes no aprueben el texto elaborado por la Convención— existan quienes sigan rechazando la Carta de 1980, pero que no compartan las características de la que se someterá a su aprobación. Así las cosas, y más allá de las diferentes lecturas que se harán respecto del sentido final de un eventual triunfo del Rechazo (incluidas algunas tan voluntaristas como las de quienes vieron en la elección de convencionales el inicio de una nueva era política en Chile), cabe aquilatar lo desastroso que resultaría tal escenario.
En este punto, es pertinente relevar la posición manifestada por un insospechado partidario de que Chile resuelva lo antes posible su "cuestión constitucional". Me refiero al senador electo y presidente de la UDI, Javier Macaya, quien, consultado al respecto hace unos días en un programa de televisión ("Tolerancia Cero", de CNN Chile) aseveró: "Yo creo que es importantísimo sacar adelante la nueva Constitución. Yo creo que no podemos entrar en una espiral, en un limbo constitucional por veinte años (…). Estoy convencido de eso".
Lo interesante de la posición de Macaya es que reconoce el dilema que enfrentamos, esto es, que el eventual fracaso de un proceso que ha suscitado tantas expectativas no solo generaría peligrosos niveles de frustración entre los millones que mandataron a la Convención a acordar una nueva Carta que ellos puedan ratificar, sino que, además, no "resucitará" política y socialmente una Constitución que seguirá siendo considerada como ilegítima por el grueso de la población.
Así las cosas, sería bienvenido que las y los convencionales de la UDI consideraran el crucial punto que hace su presidente y que, al mismo tiempo, sus pares de las diferentes izquierdas de la Convención aquilaten que la posibilidad de que prevalezca la opción Rechazo no es baja (gane quien gane la elección presidencial) y, en consecuencia, no escatimen esfuerzos en concordar con los anteriores una Carta con la que todos los sectores del país puedan vivir.
