Se ha hecho frecuente decir que el presidencialismo asegura una mayor estabilidad en los gobiernos. No es lo que indica la república del 25. Entre 1932 y 1973 hubo ocho Presidentes cuyas administraciones las caracterizó una extrema inestabilidad al punto que esos 41 años registran 45 ministros de Hacienda y 60 de Interior; vale decir secretarios de Estado que duraron, en promedio, 11 y ocho meses, respectivamente.
Es cierto que el sistema puede funcionar bien cuando el Presidente cuenta además con mayoría en ambas cámaras; pero esa es una posibilidad que en Chile se mostró imposible. En esas cuatro décadas (A. Valenzuela) solo en tres años (1961-63) el Presidente encontró una coalición mayoritaria y con la excepción de Jorge Alessandri y Eduardo Frei, todos los Presidentes entre 1932 y 1973 tuvieron gabinetes que duraron menos de un año y cuatro de ellos menos de siete meses. Un presidencialismo de minoría, donde el gobernante, enfrenta a una oposición que es mayoría en el Congreso,
es un mal sistema político que arriesga la polarización e incluso la parálisis del Estado.
Cuando el país enfrenta problemas gravísimos —el orden público, el reclamo de justicia social, la sequía, La Araucanía— no deja de sorprender que se postule un sistema que de acuerdo a nuestra historia ha conducido a gobiernos débiles e inestables.
Pero además de evitar la inestabilidad, la nueva Constitución debe procurar aminorar —porque es utópico pensar que una buena norma pueda terminar con ellos— tres males que han perseguido a los gobiernos de este país por un siglo.
Uno, buscar un mecanismo institucional que habilite una salida a un mal gobierno, asunto ocurrido en el pasado pero cuya posibilidad se acrecienta en el mundo de constantes crisis en que vivimos. Otro, que trate de morigerar los excesos de un Parlamento que tenga una conducta irresponsable y desaforada. Y tres, que busque superar la pugna que de modo invariable ha existido entre el Presidente y el Parlamento.
De los sistemas políticos el que peor responde a estos tres desafíos es el presidencial pues en él tanto el Presidente como el Parlamento duran un término fijo, ni un día más ni un día menos, aunque el gobierno se vaya a los perros, el Parlamento se haga irresponsable y el conflicto entre poderes escale hasta arriesgar un quiebre constitucional. Se cumple el plazo…¡aunque perezca el mundo!
Los sistemas parlamentario y semipresidencial, en cambio, procuran enfrentar estos tres temas. En cuanto al primero, establecen un modo no traumático de poner fin a un gobierno que no da para más, a través de su censura por el Parlamento lo que obliga a su sustitución por uno nuevo. Dicho con sorna, permiten acortar un mal gobierno… "antes que perezca el mundo". En lo que respecta a los excesos e irresponsabilidades del Parlamento no se conoce mecanismo más eficaz que, primero la amenaza, y luego su efectiva disolución por decisión del Ejecutivo, lo que se ha mostrado como un enérgico mecanismo para imponer su moderación. Finalmente, el conflicto entre Ejecutivo y Parlamento, que acompaña como una peste al presidencialismo, lo resuelven los sistemas semipresidencial y parlamentario de un modo indubitadamente democrático, mediante el recurso, disponible para ambos poderes, de forzar un llamado anticipado de elecciones, con lo cual es el pueblo —el soberano— el que decide quién ha de predominar.
Por supuesto no hay gobierno —ni presidencial, semipresidencial, ni parlamentario— que pueda funcionar con un sistema de partidos altamente fragmentado y con una legislación electoral que ayuda a esa multiplicidad. Tampoco con un Parlamento que alcance los niveles de mal funcionamiento e irresponsabilidad (y desprestigio) que registra nuestro actual Congreso y en especial su Cámara de Diputados. Pero pretender que la reforma de la legislación electoral basta para que el sistema presidencial funcione es un error tal vez mayor. La Convención debe enfrentar la reforma o revisión no de uno sino de todos los elementos que componen “la sala de máquinas”. No hacerlo sería avanzar hacia un inevitable fracaso.
