Durante este martes se conoció que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró "responsable internacionalmente" al Estado chileno, por "las violaciones a diversos derechos en perjuicio de 846 profesores" de las municipalidades de Chañaral, Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y Cauquenes, en el marco de la "deuda histórica" con los docentes.
En ese contexto y tras un proceso judicial que se ha extendido por casi 16 años, el órgano concluyó que el Estado deberá "reparar" tales violaciones, ordenando diversas medidas, entre las que destaca el "pago directo a las víctimas del caso o a sus derechohabientes, las sumas todavía debidas en tres tractos anuales, empezando a contar el primer tracto en el plazo de un año de notificada la Sentencia".
Cabe recordar que el caso se originó durante la dictadura,
cuando la administración de la educación pública fue traspasada a las municipalidades. Esta municipalización implicó que el personal docente quedaba sometido al Código del Trabajo y se regirían por las normas aplicables al sector privado. Así, se creó una asignación especial no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación Pública, sin embargo, los profesores que fueron transferidos a las municipalidades no la recibieron, dice el comunicado con el cual el organismo dio a conocer su fallo.
En ese sentido, la Corte detalla que "a partir de 1990, los profesores y profesoras pudieron iniciar demandas judiciales para el pago de esta asignación. En el marco de trece procesos entablados contra las municipalidades se dictaron sentencias en firme que reconocían el pago de la asignación especial a las 846 personas docentes víctimas en este caso".
Con lo anterior, el órgano consideró que "los procesos de ejecución de las sentencias dictadas, que condenaban a las Municipalidades al pago de una asignación especial, resultaron irregulares e ineficaces. Asimismo, tomando en cuenta que las víctimas son todas personas mayores de 60 años y que un quinto de entre ellas falleció, esperando
por más de 25 años la ejecución de estos fallos, el Tribunal consideró que el Estado desconoció su deber reforzado de garantizar la debida diligencia en el acceso a la justicia de las personas mayores y la celeridad en los procesos en los que participa esta población en situación de vulnerabilidad".
Colegio de Profesores valora condena
Con lo anterior, tras conocer la determinación de la CIDH, desde el Colegio de Profesores destacaron la resolución lograda tras "años de lucha y espera por justicia".
En ese sentido, el presidente del gremio, Carlos Díaz, manifestó que "estas profesoras y profesores tuvieron que salir de las fronteras de nuestro país para exigir justicia y como Magisterio exigimos el pago de esta deuda para todos los docentes afectados".
Igualmente, destacó que "este hecho se produce justamente cuando tenemos un Presidente electo que ha dicho públicamente que está disponible para hacer una reparación. De esta forma, con esta noticia esta situación se debe apurar y creemos que estamos en condiciones de que esta reparación se vuelva una realidad".
