Los convencionales Rocío Cantuarias y Martín Arrau, de Chile Libre, criticaron la reasignación de recursos que anunció la Convención la última semana.
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Luego de que la mesa directiva de la Convención Constitucional definiera reasignar cerca de $800 millones de pesos no gastados al proceso de participación, un grupo de convencionales de la UDI e independientes alegó una “falta de transparencia” en el manejo de los dineros.
El monto fue "ahorrado", según explicó el vicepresidente Jaime Bassa la semana pasada, debido a una gestión "eficiente y austera" en el uso de los recursos, y el nuevo destino de esos montos es el Consorcio de Universidades Estatales de Chile (Cuech), que mantiene un convenio de colaboración con el órgano constituyente.
"Hace algunos días se anunció que se van a asignar $800 millones de pesos de manera directa,
sin licitación pública, sin pasar por el sistema de compras públicas, de manera anticipada. Sin saber todavía qué servicio se va a prestar", cuestionó Martín Arrau (Chile Libre).
Arrau también hizo énfasis en que el convenio firmado explicitaba en uno de los puntos que las actividades que se realizaran en ese marco no implicarían gastos para la Convención.
"Esto nos preocupa muchísimo porque va empañando la imagen de la Convención que hemos llamado muchas veces a cuidar, pero nos cuesta mucho cuando tenemos malas prácticas desde el punto de vista de administración de los dineros que vienen del impuesto de todos los chilenos", agregó el exintendente de Ñuble.
"Vemos contradicciones en la mesa directiva, que nos decía que estábamos desfinanciados, que el Gobierno no contribuía con recursos económicos, que tuvimos que aumentar las asignaciones de los convencionales porque supuestamente no alcanzaba. Hay una total y absoluta falta de planificación", sostuvo Rocío Cantuarias, de ese mismo colectivo.
Los convencionales, además, recordaron que en estos casos la Convención estaría en un "limbo" pues por ejemplo Contraloría tno iene injerencia en esos asuntos, pero según Arrau lo que debería haber ocurrido es que la partida volviera al Tesoro Público y quede disponible para otros presupuestos.
"Acá se quiere hacer un atajo (...) es cuestionable por la forma en que se hace y porque salta las normas y prácticas del sector público y nosotros como convencionales nos enteramos por la prensa y no corresponde", dijo Arrau.
En ese contexto y en medio de las negociaciones por los respaldos a la nueva mesa directiva, Cantuarias afirmó que la nueva testera debería ser "al menos una mesa que sea más ordenada con los recursos administrativos, que cuide los recursos que están asignados a la Convención".
