La elección del domingo pasado fue una de las más polarizadas de la historia de nuestra democracia. Sin duda, una de las principales diferencias entre los candidatos tenía relación con el modelo económico que queremos seguir como país, discusión que también ha estado muy presente en el debate constitucional.
Siempre me ha llamado la atención el término “modelo económico”, el cual se usa en Chile para referirse a la política económica que define cuál es el rol que el Estado y los mercados deben jugar en la sociedad.
Esta definición es bastante distinta a lo que los economistas entienden por este concepto. En el pensamiento económico, los modelos son una descripción simplificada de la realidad, que tiene como objetivo producir una serie de hipótesis respecto del comportamiento de los agentes. Un aspecto clave de los modelos es el principio de falsabilidad de estas hipótesis que, según lo propuesto por el
filósofo Karl Popper, sería el punto clave que define a la economía como una ciencia social.
La discusión política sobre el rol del Estado y los mercados ha sido uno de los debates centrales en nuestro país. Pero, a pesar de que la discusión sigue siendo más o menos la misma desde hace 50 años,
el pensamiento económico ha evolucionado profundamente en su concepción de los mercados. Los modelos se han extendido mucho más allá de las clásicas fallas de mercado relacionadas a externalidades, bienes públicos y monopolios, propias de un modelo neoclásico tradicional. Si bien se mantiene la estructura básica de oferta y demanda, los economistas han entendido, por ejemplo, que los problemas de información son sumamente complejos y pueden tener efectos profundos en las nociones neoclásicas de equilibrio y eficiencia en los mercados. Esto tiene implicancias radicales respecto del bienestar de los consumidores e incluso amenaza con la existencia misma de algunos mercados. Economistas como Ackerloff, Spence, Stiglitz, Thaler y Tirole han tenido una enorme influencia en la expansión y enriquecimiento de los modelos, introduciendo conceptos como el riesgo moral, la selección adversa, problemas de agencia, varios sesgos en el comportamiento y múltiples desviaciones del concepto de competencia perfecta.
En este sentido, ningún economista moderno piensa en un modelo genérico de mercado que sirva para pensar en cuál debe ser, en términos generales, el rol del Estado. Las preguntas que hoy se hacen los economistas están enfocadas en entender cómo funcionan industrias particulares, como salud, educación, banca o pensiones. Hoy es clave modelar cada industria como una institución única, compleja y dinámica. Esto implica que los detalles de cómo se organizan los consumidores y las firmas, y las fallas de mercado o fricciones específicas presentes en cada industria (como las expuestas en el párrafo anterior) terminan siendo sumamente relevantes a la hora de pensar cómo regular y si es que —y cómo— el Estado debe participar en cada mercado. Hay, además, un énfasis muy fuerte en incorporar los detalles institucionales de cada contexto y en producir evidencia empírica que permita falsear las implicancias de los modelos. Así, se generan prescripciones de política pública que consideran la interacción entre condiciones particulares de cada mercado, sus instituciones y la regulación, basándose en evidencia causal y no en simples correlaciones.
Esto implica que la respuesta que los modelos nos ofrecen respecto de si debemos tener más Estado o más mercados no es, en ningún caso, una prescripción absoluta. Es por esto que, desde mi perspectiva, la Constitución jamás debería ser muy específica respecto de este punto. Lo que sí debemos discutir y cuestionarnos es cómo escribir una Constitución que provea los fundamentos no para tener más, sino que un mejor Estado, ya que solo eso va a llevar a que tengamos mejores mercados. Es clave entender que estos dos conceptos no son contradictorios, sino que están profundamente relacionados.
Lo que sí nos enseña la economía moderna es que hay bastante espacio para diseñar buenas políticas públicas que, mediante incentivos y una regulación clara, específica a cada industria, corrijan ciertas fallas, pero sin imponer costos excesivos para el correcto funcionamiento de mercados.
Para esto se requiere, por un lado, un Estado vigilante, moderno, con sólidas instituciones técnicas que tengan conocimientos específicos de cada industria, y con un foco muy fuerte en la protección de la libre competencia. Pero, por otro lado, es clave garantizar los derechos individuales liberales, incluidos el de la propiedad, la posibilidad de todos para emprender actividades económicas legales, el derecho de libre asociación y la autonomía de las asociaciones ciudadanas. Todos estos son fundamentales para otorgar la
flexibilidad necesaria para que los privados puedan emprender, participar en los mercados y contratar con el Estado en procesos eficientes y transparentes. Solo de esta forma podremos preservar lo mejor del Estado, y lo mejor de los mercados. Como decía Konrad Adenauer, "tanto mercado cuanto sea posible y tanto Estado cuanto sea necesario".
