Al retiro de 139 querellas en contra de personas imputadas por distintos delitos en el marco del "estallido social", se sumaría ahora una nueva postura jurídica por parte del Gobierno de
Gabriel Boric, la que se dejó entrever el pasado martes, en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.
Según consigna La Tercera, ese día se realizaría la audiencia de preparación de juicio oral en contra de
Nicolás Piña Palomera, ingeniero comercial de 35 años quien está acusado por el Ministerio Público de homicidio frustrado en contra de un carabinero tras lanzar una bomba molotov al interior de un carro policial, hecho ocurrido el 12 de febrero de 2021 en el contexto de manifestaciones en el sector de Recoleta.
Ese día no se concretó la instancia judicial puesto que los acusadores solicitaron agendar una nueva fecha para revisar las pruebas que irían a juicio, sin embargo, la defensa del imputado pidió modificar la medida cautelar de prisión preventiva que cumplía hace más de un año en el Centro de Detención Preventiva (CDP) del penal Santiago 1.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Ministerio Público se opusieron a la solicitud de la defensa, sin embargo, el abogado del Gobierno no se plegó al resto de los intervinientes. "Nada que agregar por esta parte querellante", sostuvo, y el juez de garantía otorgó la libertad del imputado.
Interior tampoco se hizo parte de la apelación verbal de la fiscalía y el CDE para impedir la libertad de Piña Palomera y enviar los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Santiago. Este jueves tampoco se presentaron los representantes del Gobierno -querellantes- ante el tribunal de alzada, y por dos votos contra uno, se ratificó lo resuelto por el tribunal de garantía, es decir, el imputado saldrá de Santiago 1.
A dicho recinto llegó en
julio pasado el Presidente Boric cuando aún estaba en campaña para llegar a La Moneda. Su objetivo era
conversar con los llamados "presos del estallido", entre ellos, el propio Piña, quien acusó a Gendarmería de forzarlo a recibir al entonces diputado. La vista terminó con agresiones al otrora candidato, quien las calificó un hecho "menor" y solicitó que no se tomaran sanciones al respecto.
Según el citado medio, la instrucción desde Interior sería procurar no tener una postura que les impida salir de la cárcel a personas que están privadas de libertad hace más de un año, lo que también rige para personas sin antecedentes previos.
A inicios de esta semana, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, abordó el retiro de las querellas, instancia donde no descartó que se retiren otras que aún están en revisión. Además, dio señales de la postura del Gobierno frente al tratamiento que debe tener una persona presa por delitos asociados al estallido social, al "entender el estallido como un período excepcional en la historia del país (...) con movilizaciones de distinta naturaleza, por lo que ocurrieron desórdenes y delitos que no son habituales. No era delincuencia común", dijo a Tele13 Radio.
