El 4 de enero de este 2023 se cumple una década desde el ataque a
Werner Luchsinger y
Vivianne Mackay en su casa en el fundo Lumahue, en Vilcún. Eran cerca de las 1.15 de la madrugada cuando Celestino Córdova Tránsito y un número indeterminado de personas, dispararon contra el matrimonio, luego rociaron combustible a la casa y la quemaron con ellos en su interior.
El caso, de alta connotación pública, ha dejado en materia judicial un saldo de dos juicios orales, uno de los cuales fue repetido, y condenas a Celestino Córdova (en 2014), José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel (en 2018), además de una condena para el delator compensado José Peralino Huinca (en 2018).
De ellos, sólo Córdova continúa cumpliendo su condena efectiva, al igual que Luis Tralcal, a quien la Corte de Apelaciones de Temuco le negó la libertad condicional el pasado 17 de diciembre; la misma entidad había otorgado, una semana antes, el beneficio a su primo, José Tralcal.
"El Estado está de parte de los condenados y no de las víctimas", dijo a El Mercurio el hijo del matrimonio, Jorge Luchsinger Mackay. Aunque se mostró crítico de la decisión, confesó no estar sorprendido. El 20 de diciembre, el Ministerio del Interior anunció que apelaría al fallo del tribunal de alzada, bajo el argumento de que "la ilustrísima Corte de Apelaciones acoge el amparo en contra de lo resuelto por la Comisión de Libertad Condicional, que le había negado el beneficio".
Los primos ya habían recibido -tras casi un mes de huelga de hambre líquida-, el beneficio de salida dominical y salida trimestral, vigente desde el 27 de marzo de este año, tras la decisión del Consejo Técnico de Gendarmería, institución dependiente del Ministerio de Justicia.
Por su parte,
Córdova también obtuvo los beneficios de salida trimestral y dominical en mayo de este año, además del permiso para liderar una ceremonia ancestral en el Centro de Estudio y Trabajo (CET) de la comuna de Vilcún, donde permanece recluido. El machi
utilizó este beneficio por primera vez, el pasado 10 de mayo.
Un juicio a Córdova y otro a 11 imputados
Córdova fue detenido a 1.780 metros de la casa y herido por una bala disparada por Luchsinger, y desde ese día permaneció en prisión preventiva. Si bien inicialmente en octubre de 2013 comenzaría el juicio oral contra el imputado, hubo una serie de aplazamientos que llevaron a que el 3 de febrero de 2014 esto se concretara, en una audiencia bajo fuertes medidas de seguridad al interior y exterior del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco y gran expectación mediática.
El machi
recibió una pena de 18 años de cárcel y se marcaba un hito: era la más alta dictada en el marco de delitos asociados al denominado conflicto mapuche. Esto, pese a que el Ministerio Público, el Gobierno y los querellantes pedían presidio perpetuo calificado (al menos 40 años de cárcel) e invocaban la Ley Antiterrorista.
Posteriormente, la Corte Suprema confirmó la condena de 18 años de cárcel, tras rechazar el recurso de nulidad interpuesto por su defensa, y el mismo día, Córdova inició una huelga de hambre.
Dos años más tarde, en marzo de 2016, se desarrolló la formalización de 11 presuntos coautores del crimen; diez hombres y una mujer. Esto, luego que en la madrugada la PDI desarrollara un operativo que permitió la captura de José Tralcal Coche, Luis Tralcal Quidel, Aurelio Catrilaf, Sabino Catrilaf, Juan Tralcal Quidel, Sergio Catrilaf Marilef, Eliseo Catrilaf Romero, José Córdova Tránsito y José Peralino Huinca. La formalización del fiscal regional Cristian Peredes fue por incendio con resultado de muerte de carácter terrorista.
A fines de agosto de ese año, el Tribunal de Temuco acogió la petición de los abogados de los imputados para que se abriera la investigación y se realizan nuevas defensas, pese a que la fiscalía había presentado 263 pruebas, por lo que consideró "innecesario" reabrir las indagatorias.
Pasó nuevamente un año. El 21 de agosto de 2017 se realizaron los alegatos de apertura del juicio oral en contra de los imputados. En septiembre se conoció detalles de la primera confesión del coimputado José Peralino, cuyo testimonio fue clave para abrir la línea investigativa: sostuvo que hubo una reunión en la casa de la machi Linconao para planificar el ataque en la granja Lumahue.
El 25 de octubre, y después de 25 jornadas de juicio oral, los 11 imputados fueron absueltos. "Resultaba imprescindible la existencia de elementos de prueba obtenidos a través de otras fuentes probatorias, diferentes y autónomas (...) lo que no ocurrió en este juicio", dijo el juez José Ignacio Rau en su veredicto absolutorio.
Tras el fallo, el entonces fiscal nacional, Jorge Abbott, sostuvo que se trató de "un fracaso, por parte del Estado, en dar respuesta a las víctimas de uno de los crímenes más atroces desde el regreso a la democracia, en consecuencia, dentro del Estado, por cierto, está el Ministerio Público".
Repiten juicio oral
El 29 de diciembre de 2017, la Corte de Apelaciones de Temuco
acogió los recursos de nulidad presentados por la familia Luchsinger-Mackay y la Fiscalía de La Araucanía, por lo que el proceso debió repetirse y los 11 comuneros absueltos debieron volver a enfrentar a la justicia el
26 de febrero de 2018.
Esta vez, el juicio estuvo a cargo de un equipo distinto de magistrados quienes reemplazaron a José Rau, Patricia Abollado y Luis Torres. La nueva mesa quedó integrada por Germán Varas como juez presidente, Rocío Pinilla,como redactora del fallo, imina Saldivia, como jueza integrante, y Juan Mauricio Poblete como juez alterno.
El 5 de mayo, y luego de más de 30 jornadas, el TOP de Temuco determinó que tres de los 11 comuneros imputados eran culpables como autores del delito de incendio con resultado de muerte en carácter terrorista: José Tralcal Coche, Luis Tralcal Quidel y José Peralino Huinca.
El 11 de junio, el tribunal leyó la sentencia contra los condenados: Luis y José Tralcal fueron condenados a presidio perpetuo simple (mínimo 20 años para acceder a beneficios), mientras que José Peralino recibió cinco años, con el beneficio de libertad vigilada. La defensa de los tres comuneros anunció que recurriría de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Temuco.
En julio de ese año, se conoció la solicitud de permiso por parte de Celestino Córdova para salir temporalmente del penal de Temuco para renovar su rehue (lugar sagrado mapuche), luego de sostener por cerca de 50 días una huelga de hambre. La familia Luchsinger-Mackay no se opuso, mientras que el entonces gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera veía la venia de Jorge Luchsinger como una forma de instar a un "clima de entendimiento en La Araucanía".
El 21 de agosto de 2018, comenzaron los alegatos ante la Corte Suprema de los recursos de nulidad por parte de los abogados de José y Luis Tralcal, además de la de José Peralino, quienes solicitaron a los jueces anular la sentencia del TOP de Temuco y realizar un nuevo juicio oral.
El 10 de octubre, el máximo tribunal resolvió recalificar el delito contra los primos, eliminando su carácter terrorista. De esta manera, ambos mantuvieron culpabilidad sólo bajo la figura de incendio con resultado de muerte, bajando la pena a 18 años cada uno. A Peralino, se le mantuvo la pena de cinco años de libertad vigilada.
