Los polémicos convenios de la seremía de la Vivienda de Antofagasta con la fundación Democracia Viva -de Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez-, ya suman una semana acumulando capítulos y coletazos a distintos actores del mundo político, especialmente de
Revolución Democrática, tienda donde varios de sus protagonistas militan.
Luego que el medio Timeline destapara el caso, el sábado renunció el
ahora ex seremi Carlos Contreras, y el martes fue el turno de la diputada Catalina Pérez, quien ante las amenazas de la UDI de presentar una moción de censura en su contra, decidió
suspender su participación en la testera de la Cámara de Diputados.
El caso activó las alertas en La Moneda, desde donde salieron a condenar los hechos y calificarlos como un "descriterio", sin respaldar a Pérez por lo ocurrido, pese a su insistencia en que nada tuvo que ver con las gestiones de su pareja.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, pidió que los millonarios montos del convenio fueran restituidos, mientras que la ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que fiscalía ya tiene los antecedentes en mano para investigar lo ocurrido. "Desde el momento en que la fiscalía está investigando, es porque existen sospechas de delito", comentó ayer la ministra.
Por su parte, el senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, abrió una polémica con el ministro Montes al intentar defender a la seremi de Vivienda, Tatiana Rojas, luego que se conociera que en mayo había sido alertada de lo que ocurría en Antofagasta. Latorre tuvo que cambiar el tono luego que afirmara que Rojas había compartido la información con el ministro, quien a su vez, dice que no tenía antecedentes del caso.
Y mientras el Ministerio Público lleva adelante la indagatoria, suman y siguen las aristas de un caso que junto a las posibles implicancias en materia de justicia, deja además varios flancos abiertos para la tienda oficialista, y el reproche ético por la huella que fueron dejando los polémicos convenios de Democracia Viva.
Montos fraccionados y dudas por la ejecución
Luego que estallara la polémica y se registraran los primeros coletazos en la arena política, la fundación Democracia Viva exhibió los trabajos que realizó en la región de Antofagasta, donde afirmaron que trabajan con 10 campamentos para mejorar la habitabilidad de los mismos.
Así, expusieron el detalle de los tres convenios cuestionados: el 504, que asciende a $200 millones; el 576, de $170 millones; y el 641, de $56 millones, enfocado en "levantamiento de diagnóstico territorial de los asentamientos que han sido catastrados por el Serviu, así como la implementación de planes preventivos. Su extensión sería de 12 meses, finalizando a fines de enero del próximo año".
Según afirmaron, el estado de avance -que entregan mensualmente al Serviu y Seremi de Antofagasta- es del 27% del gasto a la fecha y entre el 47% y 30% de cumplimiento de objetivos.
Esos objetivos, temen los pobladores del campamento EcuaChilePe -donde se ejecutan proyectos por el convenio más cuantioso-, podrían quedar en una pausa infinita, puesto que fueron los mismos miembros de la fundación quienes les comunicaron de la polémica. En el caso concreto del convenio 504, se dijo que el avance era de un 47%, con un 39% del presupuesto rendido ante el Serviu.
Democracia Viva sostiene además que los estanques que instalaron -como parte de un kit de red húmeda ante incendios- tuvieron una prueba exitosa en mayo, no obstante los dirigentes plantean que aún no son puestos formalmente en funcionamiento, ya que aún no existe claridad de cuánta agua se necesita para rellenarlos.
Pero hay más: según fuentes de
Contraloría, la entidad
no realizó una revisión previa de los convenios dado que el dinero entregado a la fundación Democracia Viva ($426 millones en total)
fue fraccionado. Sólo en el caso de montos superiores a las cinco mil UTM ($ 316.315.000) se requiere una toma de razón de Contraloría, y la fracción de los dineros permitió a la fundación que este no fuera el caso. De todas formas, la Contraloría inició ayer, por oficio, una investigación de los contratos y convenios y
dio al Minvu un plazo de cinco días para detallar los recursos traspasados.
Fundación no tenía giro de obras
El Servicio de Impuestos Internos (SII) reveló ayer nuevos datos que aumentaron las complicaciones para Andrade y Contreras. Esto, porque según conoció Radio Biobío, la fundación que hasta octubre de 2022 firmó dos de los tres convenios, estableció su giro a construcción con posterioridad, en 21 de noviembre de 2022.
El primer convenio que ya se había suscrito era el más cuantioso ($200 millones) para el campamento EcuaChilePe, y el otro, para el campamento Irarrázaval etapa I ($170 millones).
Según el medio, ambos documentos fueron firmados entre el 3 y el 27 de octubre, donde se encargaba a la fundación la instalación de luminarias, contenedores de basura, extintores y otras mejoras a espacios comunitarios.
Sólo en el caso del tercer convenio, suscrito el 29 de noviembre, Democracia Viva ya contaba con el giro de construcción de proyectos de servicios públicos.
La arista Tatiana Rojas y la disputa Latorre-Montes
Desde el terreno político también hubo aristas y nuevos nombres cuestionados. Ayer, la atención se centró en la subsecretaria de Vivivienda, Tatiana Rojas (RD), luego que se conociera que el pasado 2 de mayo, funcionarios del Serviu de Antofagasta enviaron un correo electrónico a las autoridades del nivel central del Minvu, para poner en alerta lo que estaba ocurriendo con los convenios de Democracia Viva.
El correo que conoció El Mercurio, detalla que "la Fundación Democracia Viva, actualmente posee 02 Convenios cuyo Director -quien firmó los convenios- es la pareja de la Diputada Srta. Catalina Pérez, lo que nos parece complejo puesto que el seremi es del mismo partido político. A su vez, dicho Director celebró estos convenios en el mes de octubre de 2022, mismo mes en el cual ya era asesor del Ministerio de Defensa", advirtió en ese entonces la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Serviu, Carla Olivares.
Ante las dudas de por qué no se investigó el caso, y pese a que el ministro Montes ya había condenado duramente el hecho, la respuesta la quiso dar el senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, quien afirmó que una vez que la subsecretaria Rojas recibió el correo, "lo conversó con el ministerio, con el ministro y con todo su gabinete".
Fue el propio ministro Montes quien más tarde salió a defender su versión inicial y a desmentir a Latorre. "El presidente de Revolución Democrática se equivocó, entiendo que va a ser una aclaración próximamente, si ya no la hizo en este rato, pero la subsecretaria cuenta con nuestra confianza plena y ella va seguir siendo" funcionaria de la partición, indicó.
El golpe a la mesa del ministro funcionó, puesto que más tarde el senador Latorre volvió a abordar el tema con un cambio de tono, afirmando que "estamos completamente en sintonía con el Ministerio de Vivienda encabezado por el ministro Carlos Montes, y la subsecretaria (Tatiana) Rojas. No vamos a aceptar ningún acto que esté reñido con la ética, la probidad, la confianza pública, con los recursos públicos y con la corrupción. Por tanto saludamos las medidas que ha tomado el Ministerio de Vivienda", manifestó el senador a través de una declaración pública.
Las declaraciones surgieron en medio de la molestia que generó en varios parlamentarios, especialmente en el PS, que el senador Latorre "intentara involucrar" a Montes en la polémica por los Convenios. De hecho, el diputado socialista Tomás de Rementeria afirmó que Latorre trató de diluir la responsabilidad de los militantes RD y que "quiere que todos nos hundamos con él".
