La detección de una serie de irregularidades en la gestión y operaciones de la
Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), más conocida como "farmacias populares" han llevado a que su principal líder, el
alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC), esté enfrentado por estos días posibles sanciones judiciales y administrativas.
Y es que Achifarp comenzó prontamente a mostrar problemas; luego de su creación y puesta en marcha, en 2016, ya en
2018 una auditoría de Contraloría había detectado problemas con los montos utilizados para crear la asociación. Había cifras que no cuadraban y ya se daba luces de que el sistema contable no era prolijo.
En julio de 2022, el 4° Juzgado Civil de Santiago dispuso la
liquidación forzosa de la asociación, luego de que en marzo de ese año se lograra paralizar un embargo decretado por el 17° Juzgado Civil de Santiago.
Ambas causas fueron iniciadas por la empresa proveedora de Achifarp, Best Quality, que demandaba más de $1.200 millones como deuda y, además, solicitaba la liquidación forzosa -o quiebra- de la asociación. La deuda cuyo pago exigía la empresa proveedora correspondería a montos no enterados por la venta de mascarillas, guantes y termómetros en el contexto de la pandemia.
Por ese caso, la Fiscalía anunció que abriría una investigación por la supuesta estafa, a la que se sumó posteriormente una arista por cohecho que involucraría directamente a Jadue.
En septiembre de ese año, y en el marco de dicha liquidación forzosa y la incautación de bienes, quedó además al descubierto que la red comunitaria adeudaba desde abril finiquitos a trabajadores que habían sido despedidos el día 25 de ese mes.
La auditoría de Contraloría
En 2022 la Contraloría General de la República inició una auditoría cuyos resultados arrojaron en abril de ese año una serie de irregularidades,entre ellas convenios celebrados por la Achifarp con los municipios de Recoleta, Paillaco y con el Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, por un valor total de $613.611.753, los que "no se ajustaron a derecho", según detalla el informe 909/2021 del ente contralor.
El informe también señala que la Achifarp no puso a disposición de dicho organismo de control una serie de antecedentes como "conciliaciones bancarias, sus antecedentes de respaldo, los mayores contables, el auxiliar del libro de banco para la cuenta corriente que administra, ni el libro de compra y venta de los años 2019, 2020 y 2021, el procedimiento de contabilización del pago de cuotas sociales, ni sus inventarios valorizados".
Asimismo, no suministró los Estados Financieros de los años 2019 y 2020, como los 'Informes de rendición de cuenta anual' previstos en sus estatutos, "por lo cual no fue posible verificar la situación financiera y patrimonial de la entidad".
Luego de ese primer informe, la Contraloría envió al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado los documentos con el detalle de las irregularidades detectadas.
En tanto, el seguimiento de la auditoría (con fecha 2 de junio de 2023) mantuvo las observaciones del primer informe. Es decir, no se subsanaron las irregularidades advertidas en el informe anterior. Y debido a aquello, una vez cerrada la fase de investigación, el pasado 6 de julio, se notificó en el propio municipio de Recoleta al alcalde Daniel Jadue del levantamiento de cargos en su contra.
También se notificaron otras 10 personas; entre ellas, a la administradora municipal de Recoleta, el director de Control y una ex directora de Asesoría Jurídica. También fueron notificados dos funcionarios de la Municipalidad de Paillaco, cuatro en Macul y una en en el Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis).
La réplica de Jadue: anunció acciones legales
Ayer, y luego que se hiciera pública la formulación de cargos por partte de Contraloría, el alcalde Daniel Jadue utilizó su cuenta de Twitter para hacer sus descargos, donde acusó al contralor Jorge Bermúdez de "vulnerar el principio de inocencia".
"En Recoleta siempre enfrentamos los requerimientos de la Contraloría, pues (son) procesos normales que consideramos positivos pero siempre en el marco del debido proceso", afirmó el alcalde. Y agregó: "llama la atención que el propio contralor comente un sumario administrativo antes de su finalización, pues vulnera el principio de inocencia", y calificó como "impresentable que el propio contralor prejuzgue y sentencie públicamente un sumario no terminado y al contrario no ordene una investigación interna por filtración de un sumario, donde aún no hay culpables".
Con todo, el jefe comunal afirmó que frente a este escenario "nos vemos obligados a ejercer las acciones judiciales necesarias, por los graves hechos que hemos visto a través de diversos medios de comunicación".
Arista Judicial y defensa del abogado
Hay otra arista que enfrenta Daniel Jadue en medio del caso. Se trata de la inminente solicitud de formalización en su contra que estaría preparando la fiscal Centro Norte Giovanna Herrera, por el delito de cohecho.
De acuerdo con información entregada el sábado por La Tercera, fuentes del caso cuentan que se le atribuirá autoría en la presunta solicitud de coimas a Best Quality SPA, que durante la pandemia proveyó miles de insumos médicos, tales como mascarillas, pecheras, guantes y alcohol gel, a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), representada por el militante comunista.
"Ni siquiera me han llamado a declarar", fue la respuesta del alcalde tras hacerse pública la información, y agregó que "desde algunos medios de comunicación, ha habido sólo intención de dañar a partir de una nueva arremetida comunicacional". Dichos emitidos posterior a la notificación de formulación de cargos por parte de Contraloría (6 de julio), a los que Jadue no hizo mención.
Quien también alzó la voz fue el abogado del jefe comunal, Ramón Sepúlveda, quien descartó tajantemente que la información revelada por el citado medio de comunicación fuera verídica y que el alcalde no será formalizado.
"Acá no va a haber una formalización. No hay una solicitud de formalización ingresada, ni ninguna petición en ese sentido. Eso sin perjuicio de que cualquier persona que tenga una denuncia, y que sea imputada en una causa, puede eventualmente ser formalizada", dijo a través de un comunicado.
Para el defensor, los plazos señalados tampoco son reales, ya que siendo partícipe activo de la defensa, señala conocer la causa y que el supuesto plazo fatal del 27 de julio no es verídico.
"La información que entregó La Tercera, donde señala que el alcalde Jadue sería formalizado esta semana y que habría un plazo fatal hasta el día 27 de julio para ingresar a esa formalización y que la Fiscalía la estaría preparando, no es real. Conozco la causa, la diligencia de la investigación y he tenido reuniones, que como defensa la ley me entrega, para defender los derechos de mi cliente. La información que entregó La Tercera no es real. El alcalde no va a ser formalizado ahora, ni va a ser formalizado en agosto, ni la Fiscalía está preparando la formalización. Esa es una información, probablemente algún dato que tuvo ese medio que no es real", cerró.
