A partir de este lunes, entra en vigencia la medida que obliga a las empresas que venden electrodomésticos en la Unión Europea (UE), a asegurarse de que sus productos puedan repararse durante y hasta 10 años. Esto, con el fin de ayudar a reducir la acumulación de residuos electrónicos que existe cada año en el continente.
El "derecho a reparar", como se llama el proyecto, entra en vigencia este lunes en el las 27 naciones que integran a la UE. Esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio por reducir la huella ecológica de los objetos manufacturados haciéndolos más duraderos y con un consumo energético más eficiente.
"Esto es un paso enorme en la buena dirección", dijo Daniel Affelt, miembro del grupo ambientalista BUND-Berlin, que también gestiona varias "cafeterías de reparación" donde la gente puede llevar sus dispositivos y obtener ayuda para ponerlos de nuevo en marcha.
"Si necesitas herramientas especializadas o tienes que romper el dispositivo para abrirlo, entonces no puedes arreglarlo", agregó Affelt. Además, explicó que a menudo, los electrodomésticos modernos tienen las carcasas pegadas o remachadas. La falta de piezas de recambio es otro problema, según los activistas. En ocasiones, un diente roto en un diminuto engranaje de plástico puede sentenciar todo un aparato.
"La gente quiere reparar sus electrodomésticos (...) Cuando les dices que no hay piezas de recambio para un dispositivo que sólo tiene un par de años, obviamente eso les frustra mucho", sostuvo Affelt.
Según la nueva normativa de la UE, los fabricantes tienen que asegurarse de que sigue habiendo piezas disponibles durante una década, aunque algunas sólo se proporcionarán a empresas profesionales de reparaciones para asegurar que se instalan correctamente. Además, los nuevos dispositivos también tendrán que incluir manuales de reparación y poder desmontarse con herramientas convencionales cuando ya no puedan arreglarse, para facilitar su reciclaje.
En Europa se producen cada año más de 16 kilos de residuos eléctricos por persona. En torno a la mitad de esa basura corresponde a electrodomésticos, y la UE recicla apenas un 40%, lo que deja una enorme cantidad de residuos con materiales potencialmente peligrosos.
16Kilos de residuos eléctricos se generan en Europa por persona
La ministra alemana de Medio Ambiente, Svenja Schulze, dijo que el siguiente paso sería exigir que los fabricantes establezcan cuánto tiempo se espera que funcione un producto y repararlo si se rompe antes: "Eso animaría a las empresas a construir productos más duraderos".
"En las cafeterías de reparaciones vemos muchos dispositivos que se rompieron poco después de que expirara la garantía", aseguró Affelt. Este es un fenómeno que ha llevado a algunos ecologistas a acusar a los fabricantes de diseñar sus dispositivos con obsolescencia programada.
Saber que un dispositivo de verdad durará una década podría llevar a los consumidores a elegir productos más duraderos o que se puedan reparar con facilidad: "Para la inmensa mayoría de los dispositivos, la reparación es la elección adecuada", puntualizó Affelt, señalando que la excepción podrían ser los refrigeradores viejos e ineficientes que contienen gases de fuerte efecto invernadero, que a su vez fomenta el cambio climático.
En su siguiente paso, ambientalistas y grupos de consumidores quieren que el "derecho a reparar" se amplíe para incluir smartphones, computadores y otros dispositivos electrónicos pequeños. Un ejemplo de esto, es lo ocurrido con la empresa Apple, la cual anunció el año pasado que empezaría a ofrecer formación y piezas de recambio a tiendas independientes de reparación certificadas para reparar computadoras Mac y no sólo iPhones.
Varias legislaturas estatales de Estados Unidos han aprobado leyes sobre el derecho a reparar con apoyo bipartisano, aunque por el momento no hay una norma nacional al respecto. Suecia, por su parte, ha ido más allá que la mayor parte de la UE al bajar el Impuesto sobre el Valor Añadido de las piezas de recambio.
La directiva de diseño ecológico del bloque, a la que pertenece el requisito del "derecho a reparar", también revisará las etiquetas energéticas que describen cuánta energía consumen dispositivos domésticos como las lavadoras.
