Suena a advertencia, pero es mejor tenerla en cuenta. Todas esas veces en que se sienta frustrado porque considera que el sistema benefició al victimario y no a la víctima, tenga presente que el procedimiento penal chileno es garantista, con todos, o sea, lo será con usted, en la eventualidad, de que le toque estar sentado en el banquillo de los acusados.
Una mensaje como éste es el que Paula Vial (39), Defensora Nacional, quisiera que todos se grabaran en la mente y no olvidaran cada vez que experimenten impotencia o rabia.
En medio de afirmaciones que hablan de ‘puerta giratoria’ y ‘mano blanda’, esta destacada abogada de la UC, trata de mostrar por qué es necesario que los derechos de las personas se respeten y se respeten por igual. Y agrega que los discursos que apuntan a denunciar una alta inseguridad pública lo único que logran es minar la libertad de las personas sin que ello tenga relación con la realidad.
Nada fácil ha sido el trabajo que ha debido realizar Paula Vial desde que asumió, a mitad del año pasado, en la
Defensoría Penal Pública. Estar del lado contrario de la víctima encierra muchas incomprensiones y ella las asume con tranquilidad.
-¿Crees que existe una suerte de ruido entre la ciudadanía y el nuevo procedimiento penal en marcha? ¿No lo entiende del todo?
“Creo que existe un ruido y desafortunadamente se alimenta más allá de lo necesario y de lo que necesariamente ocurre en el práctica.
“Para quienes tuvimos la oportunidad de conocer el nuevo y el antiguo sistema, puedo decir con sinceridad que hemos asistido a una revolución penal; lo que hay hoy no es mejor, sino que es infinitamente mejor que lo que había en el pasado.
“La ciudadanía estuvo esperando mucho tiempo en un sistema que ya no daba para más y hacía imprescindible los cambios que se realizaron; era tan esperado. La gente se adaptó, acomodó muy rápido y eso hace que la exigencia sea mucho mayor. También creo que se generó una expectativa inadecuada, falsa, respecto de lo que la reforma podía proveer a la ciudadanía, porque ésta mejora la calidad de la justicia, el acceso y las soluciones que entrega, pero no tiene un rol de prevención, salvo, tal vez, en el mediano y largo plazo en tanto, si es eficiente en evitar la reincidencia... O sea, no esperemos que con la reforma baje la delincuencia. Pidamos al César lo que es del César.
“Todo esto, más la alimentación política y mediática, hace que la gente tenga una sensación inadecuada. Más allá de los espacios de perfeccionamiento, tenemos una justicia que funciona eficiente y eficazmente y en algunos casos, creo, que con excesos como en las prisiones preventivas y condenas aflictivas”.
-¿Crees que la ciudadanía esperaba un sistema más persecutorio y no comprendió lo garantista que es?
“Sí, probablemente, pero aquí hay un tema que se debe abordar. Se utiliza el término garantista como si fuera una mala palabra y se ha deformado, transformándose casi en un aspecto negativo. Y la verdad es que en términos ciudadanos, no de delincuencia, el que sistema sea garantista es extraordinario y es un avance. Es garantista en todo sentido; efectivamente le da un carácter más relevante a los derechos del imputado, pero éste es una persona y todos podemos estar en esa situación. Que sea garantista es para todos.
“En estos sistemas hay que equilibrar los intereses y afortunadamente existe la Defensoría porque controla, porque lo protege a ‘usted’ en la eventualidad de que se vea involucrado en un hecho penal”.
-¿Crees que hay una vertiente política o social que ha intentado limitar los derechos de los imputados?
“Soy respetuosa de los roles y en mi caso, muchas veces significa ir en contra de. Asumo que es natural que se produzca esta ola sobre todo cuando hay teorías que están en boga como la sociedad del riesgo o en peligro que se ha asumido en Chile. Yo no estoy de acuerdo con esa concepción y no entiendo que la convivencia suponga aquello, pero sí entiendo que la complejidad de las relaciones sociales genera este ambiente.
“En esa lógica es esperable que se genere un fenómeno de presión fuerte para disminuir esas garantías. Nuestro llamado de alerta es que esa disminución de derechos genera un perjuicio para todos, no sólo para los delincuentes.
“En el caso de la posibilidad de que el fiscal tenga acceso al listado de las llamadas telefónicas, nuestra posición, en la vocación de protección que nos toca ejercer, es recordar que esa facultad existe, sólo que está intermediada por el juez. El fiscal no es soberano y quizás eso es lo que más les molesta. Nosotros decimos
conozca el tráfico de llamados, porque sabemos que es imprescindible, pero háganlo intermediado por una autorización judicial. Esto no puede ser antojadizo.
“Hay mil espacios donde se puede dar esta afectación de derechos, que alcanzan a todos y son relevantes. Hasta dónde podemos permitir que en este enfrentamiento entre derechos y eficiencia de la investigación, prime esta última”.
-Te haces cargo del hecho que la población percibe que los defensores públicos tratan de hacer el todo por el todo por dejar libre al delincuente.
“Eso no efectivo, lo que tratamos de hacer es hacer bien nuestro trabajo y además, representar adecuadamente los derechos y garantías de los imputados; todos aquellos que le correspondan, pero para eso tenemos límites éticos, profesionales y legales. Nuestro rol es contradictor, nuestro rol es generar oposición, en cuanto corresponde, respecto de la función del fiscal. Nuestro sistema es de equilibrios, es decir, el fiscal acusa, pero tiene que tener al frente un defensor que haga contrapeso, todo con un neutro que es tribunal. Nosotros no somos quienes hacemos justicia, no somos quienes decidimos. Y el Ministerio Público tampoco; estamos para colaborar, en conjunto, para que se haga justicia.
“En esa lógica, el sistema funciona. Yo no voy a subsidiar al Ministerio Público, el tribunal tampoco tiene que subsidiarlo ni a nosotros. Cada uno cumple su rol”.
-Se plantea crear una Defensoría de la Víctima, ¿crees que eso desequilibraría el sistema?
“Creo que los intereses de la víctima son súper relevantes, creo que su protección es fundamental. Creo que representar sus intereses es una necesidad dentro del sistema y hay espacio para perfeccionamiento.
“Creo, al mismo tiempo, que plantear una Defensoría de las Víctimas es inadecuado. No todas las víctimas son iguales, el rol que cumplen dentro del proceso no es equivalente al del imputado, sus necesidades de defensa son diferentes y la víctima no está sola. Es un error dejar la idea de que la víctima está en el aire, ella es cliente del Ministerio Público porque si bien defiende los intereses de la sociedad, en paralelo, también son los de la víctima. Es cierto que a veces eso no es coincidente, en donde la posición del querellante es más extrema que la del fiscal.
“Creo que en determinados casos, de delitos graves, debiera asegurársele a la víctima una representación adecuada, pero ello no es una necesidad universal porque eso sí trabaría el sistema, lo afectaría. Sólo cuando los bienes jurídicos que le han sido afectados son de relevancia, puede ser necesario que la víctima tenga representación”.
-¿Al plantear que el victimario es una persona, sola, enfrentada a todo el aparato estatal, no lo estás victimizando?
“Puedes llamarlo victimario, delincuente... pero es una persona y tiene un escudo que lo protege, que es razonable, que es el escudo que nos protege a todos y es la presunción de inocencia. El Ministerio Público tiene que destruir ese escudo, por lo tanto, es imprescindible, por bien de la sociedad, para que no se den abusos, excesos en el uso de facultades, que exista un defensor”.
-¿De esto deriva tu defensa en orden a que todos entiendan la absolución como declaración de inocencia y no como que el proceso no pudo dar con las pruebas?
“Absolución es jurídicamente una declaración de inocencia. Las razones pueden ser muy variadas, pero eso no le resta el carácter de inocencia a esta decisión jurídica. Para que una sociedad funcione es imprescindible que se acepten estos razonamientos y certezas. Imagínate que pasaría si incorporáramos un elemento de duda en cada una de estas sentencias. El Poder Judicial tiene que hacer justicia y hacerlo de manera permanente y si se incorpora el elemento de incerteza que el Ministerio Público pretende para explicar sus eventuales impericias, sería muy negativo. El foco tiene que ponerse en los fiscales y ellos tienen que hacerse responsables y no pueden tratar de justificarse dándole un carácter de incerteza al fallo que no le favoreció.
“Si una persona es absuelta, porque no hubo pruebas suficientes es simplemente que no se pudo comprobar que no cometió un delito y eso es que no lo cometió”.
-Se ha planteado la posibilidad de entregar una indemnización a quienes sean absueltos. ¿En forma generalizada o sólo en los casos donde se haya cometido errores garrafales?
“La indemnización debiera ser en todos los casos, básicamente porque existe una afectación de derechos que tiene que ser reparada. Esto para todos los casos donde el imputado se vio privado de libertad y para los otros podría verse, probablemente, por vía civil. Cuando se está privado de libertad y eres absuelto, se te ha privado del segundo derecho en jerarquía después del derecho a la vida y eso trae consecuencias gravísimas psicológicas, familiares, laborales, de prestigio, de dignidad, etc. Sé que para quienes no han tenido contacto con las cárceles esto le resulta difícil de percibir”.
