SANTIAGO.- El club deportivo Universidad de Chile sufrió hoy un doble revés judicial en su intento por frenar su posible quiebra, solicitada por la Tesorería General de la República por una deuda de 5.400 millones de pesos, ya que tanto el 7° Juzgado Civil de Santiago -que lleva la causa- como el 21° rechazaron distintas peticiones del club azul en pos del objetivo.
La titular del 7° Juzgado Civil de Santiago, Jenny Book, quien debe pronunciarse en los próximos días sobre si la "U" va a la quiebra, objetó la nueva documentación presentada por los abogados defensores Atalívar Carranza y Carlos Fresno para detener el proceso.
Los siete puntos que constituyeron la solicitud de Universidad de Chile son que "la Tesorería sólo dispone de la facultad de cobrar créditos fiscales y la solicitud de quiebra no es una acción de cobranza; aun cuando fuese una acción de cobranza, el único medio es el señalado en el código tributario; el mandatario de la Tesorería carece de personería para solicitar la quiebra de un contribuyente y su resolución de nombramiento es nula".
Además, que "no se repune el requisito de la ley de quiebra para que prospere la solicitud. Los títulos involucrados no provienen de obligaciones diversas; los supuestos títulos o ejecuciones se encuentran impugnados; que la Corfuch (Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile) posee bienes bastantes y que la Tesorería confiesa los verdaderos propósitos de la quiebra".
El último punto tiene relación con lo declarado el lunes 8 de marzo por el presidente de Universidad de Chile, René Orozco, en el sentido que la Tesorería busca la quiebra para "terminar con la mala administración" del club.
Jenny Book declaró "no a lugar" la petición, "sin perjuicio del valor probatorio de los documentos", que puedan tener posteriormente.
La defensa de Universidad de Chile había presentado en el 21° Juzgado Civil de Santiago una solicitud de "abandono del proceso", por considerar que la Tesorería no ha incorporado nuevos antecedentes a la causa.
Sin embargo, la titular del mencionado tribunal, Patricia Castro, rechazó esta petición, porque para dar curso a este requerimiento se necesitan como mínimo seis meses de relación procesal entre las partes; y el litigio entre el club y el Fisco empezó el 16 de enero de 2004, por lo que apenas han transcurrido casi dos meses.
