Bryant podría evitar momentáneamente el juicio en su contra.
EAGLE.- Las sorpresas siguen siendo la nota dominante en el proceso legal contra el escolta Kobe Bryant, por presunta violación de una joven de 20 años, después que la fiscalía ha pedido al juez del caso que lo aplace indefinidamente.
El argumento de la fiscalía, es que la denunciante ha sido perjudicada por los últimos acontecimientos y por haberse dado a conocer públicamente el contenido de las audiencias privadas, que han afectado de manera considerable la capacidad de un juicio justo.
Aunque la moción de la fiscalía fue dada a conocer hoy públicamente, la solicitud se hizo ayer, el mismo día que los abogados de la joven presentaron una demanda civil para pedir la compensación económica por los daños emocionales que había sufrido.
La fiscal Dana Easter presentó la solicitud al juez Terry Ruckriegle, mediante un escrito en el que subraya que los datos hechos públicos de las audiencias privadas sobre las actividades sexuales de la joven, habían "perjudicado de una manera grave" a la parte acusadora.
También argumentó Easter que la orden dada por el juez Ruckriegle, de no permitir que se hablase en público del asunto por parte de la fiscalía y los abogados defensores, empeoró aún más las cosas al dejar sólo la versión de un lado.
"Ha sido muy desmoralizador ver que, 28 días antes del comienzo del juicio, se hayan hecho públicos unos datos que pueden condicionar de manera negativa a la selección del jurado y, en consecuencia, dejar a la fiscalía sin el tiempo suficiente para que pueda reconducir su trabajo y logre un juicio justo", escribió Easter. "En estos momentos eso no es posible".
La selección del jurado está prevista para el próximo 27 y todavía faltan varias peticiones de la defensa y la fiscalía, a las que no ha respondido el juez Ruckriegle.
Concretamente, Easter se refería a la demanda de la defensa de permitirle incluir como prueba, parte del historial de la salud mental de la joven y de las alegaciones del consumo de alcohol y drogas.
De acuerdo a Easter, ante esta nueva realidad jurídica del caso, la fiscalía se ve obligada a contratar a testigos expertos que puedan contrarrestar la nueva prueba que tendrá la defensa.
Una decisión que la fiscalía no quiere hacer hasta que no conozca el dictamen del juez, porque dependen de unos presupuestos muy justos para trabajar en el caso.
La portavoz de la fiscalía, Krista Flanigan, se negó a hacer comentarios sobre la petición que había presentado su oficina, pero sí dijo que habla por sí misma.
El caso ha dado un giro radical en las últimas semanas, después de los errores informáticos del personal del juzgado de Eagle, que de forma involuntaria dieron a conocer varios documentos con las audiencias privadas y el nombre de la joven, que estaba prohibido que se hiciese público.
El abogado principal de la joven, John Clune, también ha dicho en varios ocasiones que su clienta podría retirarse del caso, ante lo que consideraba una "falta" de confianza en el sistema de justicia.
Bryant, de 25 años, reconoció que mantuvo relaciones sexuales con la joven el 30 de junio del 2003, pero que lo hizo bajo el mutuo consentimiento.
El juez Ruckriegle también se vio forzado a ofrecer a varios medios parte de las transcripciones de las audiencias privadas, en las que se daba a conocer el historial sexual de la joven y el dinero que había recibido, al ser considerada como víctima de una presunta violación.
De acuerdo a Clune y Wood, la orden del juez hará que la única versión válida y que debe conocer el público es la que dé el violador.
"Vimos cómo hasta Timothy McVeigh tuvo el derecho a hablar en público y defenderse", declaró Clune. "Pensamos que no menos pueden tener las víctimas de violación".
De acuerdo a Clune, McVeigh, que fue ejecutado en junio del 2001 por el atentado terrorista con bomba en un edificio federal de Oklahoma, tenía acceso a los medios de comunicación para responder a los ataques negativos que se hacían en su contra.
Clune insistió que la orden dada por el juez Ruckriegle es demasiado general, inconstitucional y su objetivo no es otro que proteger al juzgado de la crítica por todos los graves errores que cometieron, incluido el haber dado a conocer el nombre de la joven.
"No quieren que públicamente se les critique por los errores cometidos, uno de ellos tan grave como el de haber dado a conocer el nombre de la víctima", subrayó Clune.
