MADRID.- Henri Sérandour, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) condenado por trato de favor a la empresa de su esposa, alimenta así la lista de socios del organismo olímpico envueltos en casos de corrupción política o económica y corre el riesgo de ser expulsado si una sentencia firme ratifica su culpabilidad.
Es, además, el segundo caso que afecta en un año a un miembro del COI de nacionalidad francesa, después de que el pasado junio el ex atleta Guy Drut se librase de milagro de la expulsión.
Sérandour, ex jugador de waterpolo, presidente del Comité Olímpico Francés (CNOSF) desde 1993 y miembro del COI desde 2000, fue condenado hoy a tres meses de prisión exentos de cumplimiento y a 20.000 euros de multa por la concesión de contratos del CNOSF a una empresa en la que trabajaba su esposa, la ex nadadora Catherine Poirot.
Los abogados del dirigente anunciaron un recurso. Mientras llega una sentencia definitiva, es probable es que el COI lo suspenda temporalmente de sus funciones en la reunión que su Ejecutiva mantendrá en noviembre.
El caso Sérandour salta a la actualidad un año después de que Guy Drut, subcampeón de 110 vallas en Múnich ’72, campeón en Montreal ’76 y miembro del COI desde 1996, fuese condenado en su país a 15 meses de prisión sin cumplimiento y a una multa de 50.000 euros por financiación ilegal de partidos políticos.
Si la sentencia se hubiese ejecutado tal cual, Drut habría sido expulsado del COI con toda seguridad, a la vista de la reacción del organismo que preside Jacques Rogge ante otros casos similares. Pero el presidente francés, Jacques Chirac, concedió un indulto al ex vallista en virtud de una ley que permite medidas de gracia para quienes hayan prestado servicios especiales al Estado, en particular en el apartado deportivo.
Ante este perdón oficial, el COI decidió en junio librar a Drut de la expulsión pero imponerle dos castigos: uno moral, una "reprimenda" por "desatender los principios éticos y manchar la reputación del Movimiento Olímpico", y otro práctico, la prohibición de presidir una comisión de trabajo en el organismo durante cinco años.
Otros miembros del COI están pendientes de posibles sanciones: el surcoreano Park Yong-Sung, presidente de la Federación Internacional de Judo y condenado en su país a tres años de cárcel por desfalco, y el italiano Franco Carraro, implicado en el escándalo del pasado verano en el "calcio" por fraude deportivo.
La Comisión de Ética del COI, formada por miembros del organismo, pero también por juristas independientes, es la encargada de recomendar a la Ejecutiva las sanciones para los infractores.
El belga Jacques Rogge decretó a su llegada a la presidencia del COI, en 2001, la "tolerancia cero" con el dopaje y la corrupción. Desde entonces se ha expulsado a dos miembros, el búlgaro Ivan Slavkov en 2005, por mostrarse dispuesto a vender su voto en la elección de la sede de los Juegos Olímpicos de 2012, y el indonesio Bob Hasan en 2004, tras ser condenado en su país por corrupción y estafa.
El surcoreano Un Yong Kim, uno de los "hombres fuertes" del COI en la década de los noventa y que acabó en la cárcel por malversación de fondos, dimitió en 2005 tras un largo forcejeo con el organismo olímpico, apenas unas semanas antes de que se votase su expulsión.
El mayor escándalo de corrupción de la historia de COI se produjo en 1999, durante la presidencia de Juan Antonio Samaranch, cuando se descubrió que la candidatura de Salt Lake City (EE.UU.) a los Juegos de Invierno de 2002 había repartido dinero, regalos y todo tipo de prebendas entre miembros del COI y sus familias, en busca de un voto favorable. Seis de ellos fueron expulsados, aunque otros habían dimitido con anterioridad.
