SANTIAGO.- Un urgente llamado a solucionar el alto endeudamiento previsional (en fondos de pensiones) que la pequeña y mediana empresa mantiene con sus trabajadores, y que asciende a junio de este año a 400 millones de dólares, aproximadamente, formularon hoy el presidente de la Comisión Especial de las Pymes de la Cámara de Diputados, Jaime Mulet (DC), y el representante de la Confederación Nacional Unitaria de la Pequeña Industria (Conupia), Germán Dastres.
El parlamentario oficialista manifestó su insatisfacción respecto a cómo el Gobierno ha manejado el tema, señalando que se trata de un problema social grave y que implicará serias consecuencias en las jubilaciones de miles de chilenos, al adeudárseles 131 mil millones de pesos por cuotas previsionales impagas declaradas hasta el primer semestre del 2000.
Hizo ver que a raíz de esta situación los pequeños empresarios se encuentran con dificultades para acceder a los recursos que dispone el Fogape (Fondo de Garantía para el Pequeño Empresario), así como también en la reprogramación de sus deudas en la banca privada.
Indicó que el no pago de las previsiones puede constituir para el empleador orden de arresto, para lo cual propuso soluciones que no afecten a la rentabilidad de las AFPs, así como también que se estudie un proyecto de ley que establezca que la deuda vencida de las Pymes se transforme en un pagaré de una deuda subordinada, "lo que significará -precisó- que el Estado se transforme en aval durante 15 o 20 años, tal como lo ha planteado la Asexma".
"Algunas de las propuestas que se han hecho no demandan recursos inmediatos. Hay soluciones que se han dado para la pequeña y mediana empresa de manera que lo estimamos absolutamente posible. Creemos que aquí se ha equivocado de alguna manera el Gobierno en orden a que no se han tomado todas las medidas que se deben tomar. Si no se aborda la previsión, si no se aborda la cartera vencida las Pymes no van a salir de la crisis", puntualizó Mulet.
Asimismo, indicó que estos planteamientos también pasan por eliminar los apremios judiciales que están enfrentando los empresarios al tener órdenes de arresto por las previsiones impagas.
Por su parte, y junto con sostener que se trata de uno de los efectos más negativos de la crisis económica, Germán Dastres señaló que los pequeños empresarios se vieron obligados a no pagar dichos dineros a fin de no aumentar el desempleo. Sin embargo, reconoció que este tipo de accionar está fuera de la legalidad actual.
Indicó que debido al alto endeudamiento de las Pymes, como por ejemplo las panaderías, "muchas de ellas han ido a juicio y han tenido que ir a remate, y los trabajadores todavía siguen laborando. Entonces aquí no hay mala fe al apropiarse de estos dineros..., esto es un muy mal negocio, pero hay que señalar que se hizo pensando que sería transitorio".
Agregó que "lo que tendríamos que haber hecho hace dos años atrás es haber despedido a los trabajadores para habernos ahorrado este problema en que algunos nos miran como que es una frescura, pero el problema social indudablemente que se habría duplicado. Por lo tanto lo único que estamos pidiendo es reprogramación y facilidades de pago entre 5 a 6 años", concluyó.
