Proponen que empresas del Estado sean S.A. abiertas

Los senadores Alejandro Foxley y Sergio Bitar propusieron un proyecto de ley complementario al que envió el gobierno al Congreso para mejorar la gestión de las empresas públicas, en el cual se establece que las empresas del Estado se constituyan como sociedades anónimas y se rijan por las normas de la Ley de Sociedades Anónimas Abiertas, con el objetivo de hacerlas más trasparentes.

16 de Octubre de 2000 | 13:01 | El Mercurio Online
SANTIAGO.- Los senadores Alejandro Foxley (DC) y Sergio Bitar (PPD) propusieron hoy un proyecto de ley complementario al que envió el gobierno al Congreso para mejorar la gestión de las empresas públicas, en el cual se establece que las empresas del Estado se constituyan como sociedades anónimas y se rijan por las normas de la Ley de Sociedades Anónimas Abiertas.

"Esta iniciativa garantizará a todos los chilenos que podrán conocer lo que sucede en las empresas del Estado, en términos de su situación financiera, de remuneraciones de los ejecutivos, de inversiones, entre otros. Además, estas compañías funcionarán bajo las normas de la ley 18.046 sobre sociedades anónimas y dependerán de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)", señaló el senador Foxley.

Asimismo, indicó que las empresas del Estado, "sin exclusión de ninguna" que se constituyan como sociedades anónimas seguirán siendo de propiedad pública. "Sólo por ley se podrán fijar los estatutos de esas empresas y será esa ley la que autorizará la venta de acciones a privados, derechos en el capital, o realizar ofertas públicas de acciones (OPAs) de estas entidades. En
otras palabras, las empresas siguen siendo del Estado, convertidas en sociedades anónimas abiertas, que sólo por ley pueden modificar la forma de su propiedad", dijo.

De la misma manera, explicó que serán supervisadas por un doble nivel; por un lado la SVS, y del punto de vista estatal, se constituirá un Consejo Supervisor de las Empresas del Estado, que será la instancia de relación con las políticas de gobierno, para la orientación de estas empresas. Este consejo estará integrado por los ministros de Hacienda, de Economía, de Minería, entre otros, e incluso por terceros relacionados que no sean del gabinete.

"El Parlamento podrá enriquecer el concepto de este Consejo, que velará por una política uniforme en materia de desarrollo, inversiones y políticas de remuneraciones en estas compañías. El propósito es que los ministros no integren los directorios de las empresas, como por ejemplo, Codelco, Enami, ENAP, entre otras, sino que participen en una instancia superior, y que los directores sean personas que conozcan el rubro y que se rijan, como dice la ley de sociedades
anónimas", precisó Foxley.

Por su parte, Bitar añadió que "en cuanto a mejorar la gestión del gobierno central, proponemos crear por ley un órgano de auditoría interna con el objeto de prevenir situaciones irregulares. Este órgano coordinará también a los fiscales de todos los ministerios, fortaleciendo así la organización auditora del Estado".

Foxley estimó que este proyecto es "de simple implementación, porque se podría dictar una ley de dos o tres párrafos que resolvería de fondo el problema de preocupación ciudadana. Con esto, garantizamos una gestión eficiente y transparente, separando con nitidez el tema de administración de las empresas con el de la propiedad".

Asimismo, respaldó el hecho de que el gobierno investigue las situaciones irregulares con respecto a las indemnizaciones. "No obstante, eso no resuelve el problema de fondo", dijo.

Con respecto al proyecto de ley enviado por el Gobierno al Congreso, Foxley sostuvo que "éste se queda a medio camino, porque señala a los directores que deben actuar como si fueran de sociedades anónimas; es decir, le impone los costos, pero no le otorga los beneficios de ser efectivamente una sociedad anónima".

La Ley de Sociedades Anónimas señala que es responsabilidad de los directores emplear el cuidado y la diligencia que se usa ordinariamente en los propios negocios. "Ellos responderán solidariamente de los perjuicios causados a la sociedad y a los accionistas por sus actuaciones dolosas o culpable. Deberán actuar con independencia de los que los hayan designado", puntualizó.

En este sentido, Bitar explicó que al ser el Presidente de la República el administrador del Estado, "es su responsabilidad designar a los directores, sin embargo, la plana ejecutiva podrá ser designada por éstos o a través de concursos".

En cuanto a la posibilidad de incorporar capital privado a las empresas del Estado, Foxley aseveró que esta ley, "que podría ser de dos o tres párrafos" no excluye que pueda incorporarse capital privado a la propiedad de las compañías".

En relación a la manera en que se incorporará este proyecto a la discusión, Bitar señaló que "vamos a conversar con el gobierno para analizar las formas en que irá esta iniciativa en el proyecto planteado por él. Desde este momento, iniciaremos las gestiones con ese propósito".
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