SANTIAGO.- El Comité de Defensa de los Productos Básicos rechazó hoy la actuación de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) como eventual "vocero" del Gobierno en el proceso de renegociación del arancel consolidado de 31,5% del azúcar.
Ello, luego que el gremio, que preside Ricardo Ariztía, diera cuenta del inicio de dicho proceso, asunto que- a juicio del Comité- aún no ha sido ratificado por las autoridades gubernamentales.
A través de su vocero, Francisco Javier Recabarren, la entidad señaló que la renegociación del arancel consolidado "es definitivamente, una materia de interés nacional y no, como se pretende presentar, una cuestión sectorial que concierne sólo y exclusivamente al sector azucarero".
Señaló que resultan "insoslayables" las consecuencias negativas en materia de política comercial e inserción internacional; de la equidad social y de las políticas en beneficio de los más pobres; del cumplimiento de los compromisos asumidos por Chile; del desarrollo exportador y el mejoramiento de las condiciones de acceso para los productos nacionales en el exterior, y del desarrollo del propio sector agrícola.
"Una renegociación significaría que de ser un mecanismo estabilizador de precios, la Banda de precios del azúcar se transformaría en un instrumento de protección ilimitada. Ello implica sustituir una política de Estado destinada a asegurar una fluctuación razonables de precios, por una medida de protección a una empresa determinada, sin importar el costo que para el país tiene esa protección", añadió.
Recabarren explicó que con la renegociación planteada por Iansa, si el precio internacional cae en Chile sólo podría bajar hasta un 6%, en tanto que con alzas internacionales, el precio interno del azúcar podría aumentar hasta en un 112%.
"Es decir, si el precio internacional, sube el consumidor paga más caro, acorde al alza; si los precios bajan el consumidor sigue pagando más caro, más de dos veces el precio internacional, ello explica porqué los consumidores chilenos pagaron en 1999 un sobreprecio de más de US$ 100 millones por el azúcar", puntualizó.
Por ello, a su juicio, no parece aceptable que el gremio interesado en los privilegios que se solicitan, la SNA, sea el vocero de un eventual proceso de renegociación, como tampoco parece aceptable que se inicie este proceso por petición de la única empresa interesada (Iansa), "ni mucho menos que sea esa empresa la que dote las condiciones y términos de cómo enfrentarla".
Enfatizó que las relaciones internacionales son, por mandato constitucional, competencia del Presidente de la República, Ricardo Lagos, y le corresponde al Parlamento aprobar, en definitiva, cualquier modificación del Tratado con la Organización Mundial de Comercio (OMC).
En este contexto, reiteró que el Gobierno no puede aceptar que la SNA se transforme en el "vocero" de un eventual proceso de renegociación ante la OMC, ni que Iansa defina, en función de sus particulares intereses, la política de Chile ante ese organismo mundial.
Por ello, insistió en llamar al Gobierno para que haga prevalecer el bien general del país por sobre los privilegios que "bajo presión y amenaza se le exigen" y que, además, confirme la Política Comercial de Chile, rechazando la renegociación solicitada por la SNA.
