SANTIAGO.- El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Walter Riesco, llamó hoy al Gobierno ha despejar a la mayor brevedad posible, la incertidumbre del empresariado en torno al contenido específico de la primera etapa del proyecto de reformas laborales, que ingresará la próxima semana al Congreso Nacional.
"Pensamos que el país tiene derecho a contar no sólo con normas claras en materia laboral, sino que razonablemente estables en el tiempo", dijo el máximo líder empresarial del país, al intervenir en Enade 2000, ocasión en la que también asistió el Presidente de la República, Ricardo Lagos.
Se trata de la última intervención de Riesco, quien luego de cuatro años encabezando la CPC, deberá dejar sus funciones en diciembre próximo.
En este sentido, Riesco sostuvo que no le parece conveniente tramitar un proyecto de reforma laboral que deje pendientes- para ser abordados en una segunda etapa- un conjunto de temas que, a su juicio, continuarán enrareciendo el clima laboral del país, "que necesita contar de una vez con un marco normativo compatible con la nueva economía, que reconozca la existencia de nuevas formas de contratación y de trabajo, que favorezca la inserción al mundo laboral de personas con diversas aptitudes y condiciones y promueva el empleo".
Para el dirigente, las normas laborales deben ser elaboradas no sólo pensando en quienes tienen un trabajo estable, sino también en aquellos que carecen y necesitan de una oportunidad en el mundo del trabajo.
Por ello, se manifestó confiado en que el proyecto de ley cuyo envío se ha anunciado para la próxima semana, recoja estas inquietudes y constituya una señal definitiva de que Chile contará con leyes permanentes y estables en el ámbito del trabajo.
"El sector empresarial ha participado en todas las instancias en que se ha requerido su opinión sobre esta materia, por lo cual tanto las autoridades de gobierno como el Parlamento, conocen con precisión nuestros planteamientos al respecto", agregó.
En la ocasión, Riesco también manifestó la preocupación del empresariado por el contenido del proyecto de ley sobre reforma tributaria, que ha sido caratulado como destinado a combatir la evasión. "Hemos expuesto, con sólidos fundamentos, que este proyecto de ley va mucho más allá de la mera intención, por cierto compartida por el empresariado, de combatir la ilegítima evasión de
Tributos", dijo.
Agregó que el proyecto contempla normas que modifican aspectos sustanciales de la normativa tributaria, constituyendo un cambio de fondo que altera el principio de la buena fe que debe inspirar a la legislación tributaria, afecta la privacidad de las personas, innova en la normativa sobre créditos externos, restando competitividad a la inversión en Chile, modifica el régimen del IVA, hace permanentes incrementos tributarios que la propia autoridad había anunciado como transitorios, modifica el sistema de prelación de créditos para favorecer al Fisco, reforma en términos relevantes el régimen aduanero y, lo más grave y preocupante, no establece tribunales tributarios independientes, que garanticen el respeto inalienable a los derechos de las personas y de las empresas y que no constituyan a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos en Jueces y partes en los juicios tributarios.
"Queremos decir que las Ramas que conforman la Confederación de la Producción y del Comercio tenemos confianza en las seguridades que nos ha otorgado S.E. el Presidente de la República, en cuanto a que cualquier norma que afecte la inversión o incremente los costos de las empresas, no se encuentra entre los objetivos del proyecto de ley", insistió.
Riesco añadió que el empresariado tiene la convicción que cuando los países atraviesan crisis recesivas, se requiere adoptar medidas que alienten la inversión y favorezcan los emprendimientos empresariales. Al respecto, dijo que contra dichos objetivos atentan iniciativas tales como el incremento del valor de las patentes municipales y del impuesto territorial, porque introducen nuevos costos y tienen reminiscencias con el antiguo impuesto patrimonial, mecanismo extinguido entre los sistemas tributarios modernos.
El dirigente fue enfático en manifestar la urgencia para resolver estos dos proyectos, asegurando que "los países no avanzan cuando se aplica sistemáticamente la política del mal menor", porque "los países verdaderamente sólidos son aquellos que realizan las reformas y modernizaciones que requieren sin pensar en los efectos políticos que ellas generan en el corto plazo, sino que elevando la mirada hacia los objetivos de mediano y largo plazo que, en definitiva, son los que marcan rumbos y generan cambios permanentes en las condiciones de vida de las sociedades".
"Sobre este particular, el argumento recurrente de la necesidad de 'legitimar socialmente' la legislación en determinados rubros de las normas laborales, previsionales o sindicales, aparece debilitado luego de transcurridos más de diez años de pleno ejercicio democrático", añadió.
"Nuestra obligación hoy es buscar la mejor legislación, las ideas más creativas, los mecanismos más eficientes para abordar los problemas complejos que nos plantea la creciente globalización de los mercados, más que satisfacer los requerimientos de grupos de presión que, generalmente, no representan a los sectores más vulnerables de la población", precisó.
Finalmente, Riesco precisó que aún quedan tareas pendientes como una mayor apertura al comercio exterior; mantener con firmeza la disciplina fiscal y los equilibrios macroeconómicos; mejorar nuestra competitividad; definir con claridad y transparencia un calendario de privatizaciones de empresas públicas, invirtiendo los ingresos producidos en programas de educación, de salud y de vivienda; ampliar y reforzar, mediante el sistema de concesiones, nuestra
infraestructura vial y portuaria; abordar con profundidad el proceso de Modernización del Estado, reduciendo y profesionalizando su estructura; continuar estimulando la internacionalización de nuestro sistema financiero, eliminando el impuesto a la ganancia de capital; y en materia de gasto fiscal, mejorar significativamente la eficiencia y la consistencia del gasto, para mejorar la rentabilidad social del presupuesto del Estado, y preocuparnos por los aspectos éticos de nuestro sistema judicial.
