BUENOS AIRES.- Argentina comenzó el lunes una semana clave para su futuro, en la que enfrentará grandes vencimientos de deuda que pueden llevarla a un incumplimiento de pagos mientras el gobierno da marcha atrás con un plan económico para obtener apoyo del FMI.
El "Día D" será el viernes, cuando se deben abonar 909 millones de dólares, apenas un día después de la anunciada novena huelga general contra la administración del Presidente Fernando de la Rúa, que este lunes cumple dos años en el poder.
Pero con las arcas del fisco vacías tras cuatro años sin crecimiento en la economía y el Estado echando mano a los recursos privados para abonar salarios de empleados públicos y pensiones, el pago de la deuda dejó de ser una prioridad, según ha confesado el ministro de Economía, Domingo Cavallo.
Para los mercados, sin embargo, no es un tema menor, lo que quedó demostrado en los derrumbes que soportaron últimamente los bonos argentinos. El global 2008 -el título público de referencia- caía a primera hora del lunes 2,54 por ciento a 28,75 dólares, cerca de su mínimo histórico.
La deuda pública argentina se eleva a 132.000 millones de dólares, casi el 50 por ciento del Producto Interno Bruto del país.
Mientras durante el fin de semana las reuniones se sucedían en el gobierno, los argentinos debatían, ya sea en las calles o en los estadios de fútbol, cuál será el futuro del régimen de cambio fijo, aterrados ante la posibilidad de una devaluación que destruiría las finanzas de hogares endeudados en dólares pero con ingresos en pesos.
La prioridad del gobierno de De la Rúa es recuperar el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que perdió abruptamente la semana pasada, cuando el organismo se negó de plano a desembolsar 1.264 millones de dólares que el país tenía planeado recibir en el marco de un acuerdo crediticio.
La negativa profundizó la crisis y Cavallo viajó desesperado a Washington para reunirse con funcionarios del FMI, a los cuales prometió dar marcha atrás con todo el programa económico que implementó desde que asumió en marzo con tal de que vuelvan a respaldar a Argentina.
El país no sólo necesita los fondos del FMI, sino también su apoyo a la masiva reestructuración de deuda que lleva adelante para aliviar uno de los yugos que asfixian a la economía.
Las reformas pedidas por el FMI buscan reducir el abultado déficit fiscal del país, el cual se había comprometido a eliminar el gobierno pero fracasó debido a una fuerte caída en la recaudación tributaria por la crisis económica.
En una conferencia de prensa celebrada el domingo por la noche, Cavallo adelantó que eliminará todas las exenciones tributarias que vino dando a las empresas en los últimos meses, en el marco de los promocionados "planes de competitividad" que buscaron mejorar la productividad de la industria con excenciones impositivas.
Según el funcionario, con la reforma de estas iniciativas el fisco recuperaría impuestos necesarios para aliviar un déficit fiscal del Estado nacional calculado para el 2001 en 7.100 millones.
"Tenemos que encontrar alrededor de 4.000-4.500 millones de pesos de ese conjunto de exenciones", explicó Cavallo.
Dos años en el poder y nada para festejar
"Entiendo que no", fue la escueta respuesta de una empleada de la oficina de prensa de la Presidencia de la Nación cuando se le preguntó si De la Rúa planeaba festejará sus 24 meses en el poder.
Desde que la semana pasada los ahorristas mostraron su enojo con una medida del gobierno que limitó las extracciones en efectivo de los bancos para frenar una fuga de depósitos, De la Rúa aparece poco en público, mientras intenta en vano conseguir algo de respaldo de la oposición a su gestión.
Un sondeo difundido el viernes pasado por la consultora Ricardo Rouvier & Asociados arrojó que la mayoría de los encuestados creen que el mandatario maneja mal la crisis económica y, además, coinciden en sus dudas de que esté preparado para gobernar.
La popularidad de De la Rúa es de apenas poco más del 14 por ciento, lo que lo posiciona como uno de los líderes peor vistos por los argentinos.
El jueves, las tres principales centrales obreras del país llevarán adelante una nueva huelga general contra el mandatario, que apenas cuenta con el respaldo de un sector del partido gobernante.
