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Comisión Nacional Anti Piratería destruyó millones de dólares en productos piratas

Bajo el lema "Limpiemos Chile" se trituraron más de 2.400 programas computacionales; 70.000 CD de música; 1.000 películas; y miles de libros piratas. En el evento, estuvieron presente artistas nacionales, escritores, cineastas, empresarios y asociaciones gremiales, todos víctimas de la piratería. "Lo que se destruyó son productos ilegales e incompletos que no pueden circular por el país", destacó el presidente de Conapi, Eduardo Castillo.

19 de Junio de 2002 | 12:20 | La Segunda
SANTIAGO.- Bajo el lema "limpiemos Chile", la Comisión Nacional Anti Piratería (Conapi) efectuó una destrucción masiva de productos piratas. Con ello busca llamar la atención de la opinión pública sobre los cuantiosos daños que está produciendo la creciente industria pirata y la urgente necesidad de medidas más drásticas para terminar con ésta,

El acto se realizó en el complejo Industrial Huechuraba, con la asistencia de numerosos artistas nacionales, escritores, editores, cineastas, empresarios y asociaciones gremiales, que son víctimas de la piratería intelectual.

El encuentro contó con la participación de artistas como Fernando Ubiergo, Cecilia Echeñique, Keko Yunge, Wildo, Alvaro Scaramelli, Eduardo Gatti, Roberto Márquez, René Calderón, Javiera Parra, Juan Antonio Labra, Miguel Zabaleta, Carmen Prieto, y otros. También estuvieron representantes de la Cámara Nacional de Comercio, Comisión Nacional Anti Piratería (conapi), Cámara Chilena del Libro, Asociación de Distribuidores de Software, Sociedad Chilena de Derechos de Autor y de la Asociación de Productores Fonográficos de Chile, entre otros.

De esta manera se destruyeron más de 2.400 programas computacionales; 70.000 CD de música; 1.000 de películas; y miles de libros piratas que han sido decomisados, avaluados en conjunto, en más de un millón y medio de dólares.

"Esto es sólo una muestra de la magnitud de recursos que mueve el comercio pirata en Chile, que actualmente opera bajo verdaderas redes de contrabando e industrias ilegales", explicó el presidente de Conapi, Eduardo Castillo.

El dirigente destacó que estas millonarias ganancias para los ilegales significan enormes pérdidas para el Estado, para las empresas y sobre todo para los artistas que viven precisamente de sus derechos de autor. Por tanto, agregó, "esto no sólo afecta al país, sino también al desarrollo intelectual y cultural de nuestra sociedad". "Si seguimos permitiendo este flagelo, terminaremos matando la actividad artística y cultural de nuestro país", advirtió Castillo.

Asimismo destacó que el material destruido son productos ilegítimos e ilegales que no pueden circular por el país ya que no cuentan con derecho de autor. Sin considerar que también son obras incompletas, en el caso de los libros y defectuosas, sin ningún respaldo ni garantía.

"La idea de esta destrucción pública de obras y productos falsificados se enmarca en la idea de llamar la atención de la opinión pública, sobre un tema que lesiona gravemente a los autores y creadores en general, a las industrias involucradas, al comercio establecido y al Estado al defraudar impuesto y derechos, con el consecuente daño para el erario nacional y las obras sociales, sin considerar los efectos que tiene en la cesantía", señaló el presidente de Conapi.

Industria del Software

En el caso de la industria del Software, la Asociación de Distribuidores de Software (ADS) destruyó cerca de 2.400 programas computacionales piratas avaluados en US $ 600.000 durante el encuentro convocado por la CONAPI.

El Presidente de la ADS, Alfredo Salas, destacó que la piratería es un poderoso generador de cesantía e inestabilidad en el país. "El creciente aumento del comercio informal ha provocado el cierre de reconocidas disqueras, casas de software y editoriales, dejando cesantes a miles de trabajadores en los últimos años. Basta considerar que cada año el Fisco deja de percibir US $ 50 millones por evasión tributaria en concepto de software, dinero que podría mejorar el sistema de salud y escolar, desarrollar infraestructura y dar trabajo a tantos chilenos que hoy no lo tienen", subrayó.

Recordó que durante el año 2001, Chile registró una dramática alza del 49% al 51% en piratería de software con respecto del año anterior según los últimos estudios del sector. Por ello insistió en que existe una Línea de información gratuita para denunciar piratería: 800.260.020.

Efecto sobre las editoriales

Por su parte la Cámara Chilena del Libro destacó que en su caso los ejemplares piratas fueron requisados en allanamientos de imprentas clandestinas efectuados hace seis años atrás. Y que sólo hoy se cuenta con la sentencia del tribunal que obliga a destruir los libros, una muestra de la lentitud de nuestro sistema judicial y de la necesidad urgente de modificar la legislación respectiva.

El daño que está sufriendo la industria editorial chilena, supera los 25 millones de dólares al año. Las redes de impresores y vendedores piratas, son verdaderas mafias organizadas y los esfuerzos han sido hasta ahora insuficientes para detener esta lacra que además de debilitar el mercado editorial, provocar cesantía y pasar a llevar derechos tan fundamentales como el Derecho de Autor, provocan pérdidas al Fisco del orden de los 4 millones y medio de dólares anuales, sólo en concepto de IVA.

La Cámara Chilena del Libro, está consciente que hay que "limpiar Chile" ahora. Ya. De manera urgente. Pero todos deben colaborar, porque para que estas redes clandestinas sobrevivan, se necesita de una gran masa de compradores. NO al libro pirata, NO al robo, NO a la muerte del libro.

Resultados insuficientes

El presidente de Conapi, Eduardo Castillo, recordó que la Comisión Nacional Anti Piratería nació en el 2001 precisamente como una forma de unir los esfuerzos de la empresa afectada para combatir el tráfico y comercialización informal de las especies amparadas por la Ley Nº 17.336 de Propiedad Intelectual. Por ello está integrada por:

- Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, CNC.
- Asociación de Distribuidores de Software (ADS)
- Asociación de Distribuidores de Videograma (ADV)
- Asociación de Impresores de Chile (ASIMPRES)
- Asociación de Productores Fonográficos de Chile (IFPI Chile)
- Cámara Chilena del Libro
- Colegio de Bibliotecarios de Chile A.G.
- Consejo Nacional del Libro y la Lectura
- Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD)
- Sociedad Chilena de Intérpretes
- Sociedad de Escritores de Chile (SECH)
- Sociedad de Derechos Literarios de Chile (SADEL)

"A un año de creación de Conapi hemos logrado una acción preactiva en el tema con la cual no contábamos hace un año. Así gracias a la unidad de la industria afectada y a los esfuerzos que estamos realizando en conjunto con el gobierno, Carabineros de Chile, Investigaciones, Impuestos Internos, entre otros, hemos tenido importantes resultados en decomisos y destrucción de estas industrias clandestinas. No obstante todos los esfuerzos son pocos y es importante no cesar en esta lucha", destacó Castillo.

Por esto el directivo hizo un llamado a sumarse a la campaña emprendida por Conapi y especialmente instó a los consumidores a tomar conciencia que cuando se compra un DC de música, un software, un video, un libro o cualquier producto pirata se pone en riesgo el trabajo de millones de personas y la situación económica del país.

Daños y perjuicios

Según cifras preliminares la piratería fonográfica sobrepasa los US$ 20 millones; la piratería de videos alcanza los US$ 7 millones; la piratería de software se estima en US$ 150 millones; y la la piratería de libros supera los US$ 25 millones. A los productos anteriormente mencionados, se agregan otra multiplicidad de artículos, desde lentes ópticos, máquinas fotográficas hasta productos de marcas específicas, con lo cual según cifras de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile el trafico por el comercio ilegal en nuestro país se eleva a alrededor de US$ 950 millones (considerando ventas de productos contrabandeados, pirateados o robados del comercio establecido).

"Este tipo de actividad no aporta nada al erario nacional, puesto que no pagan derechos de aduana, ni IVA, ni impuesto a la renta, ni tampoco cotizan ellos ni sus empleados en el sistema previsional; al figurar como indigentes demandan servicios gratuitos públicos, tales como educa
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