LIMA.- El alcalde del distrito limeño de Chorrillos, Augusto Miyashiro, confirmó hoy la clausura de la fábrica chilena de pastas Lucchetti por presunto perjuicio ambiental en una zona natural protegida de la capital peruana.
Miyashiro indicó que el plazo de una semana dado por su municipio se cumplió ayer, miércoles, y hoy asistió con la policía municipal para verificar que las actividades en la fábrica concluyeron.
"La producción definitivamente ha paralizado", informó el alcalde de Chorrillos a su salida de la fábrica, ubicada frente a los Pantanos de Villa.
La autoridad municipal dijo que encontró algunas personas de la empresa en el área administrativa, y que había siete toneladas de trigo y sémola en los almacenes.
Sin embargo, insistió en que no era posible acceder a una prórroga de la clausura.
La situación de la empresa se complicó en 2001 con la difusión de un video que mostraba al dueño de la firma, Andrónico Luksic, negociando con el hoy ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos una autorización judicial para la construcción de la fábrica.
Varios funcionarios de la empresa fueron denunciados por presuntos delitos de corrupción, bajo la sospecha de haber entregado una fuerte suma de dinero a Montesinos para obtener una autorización irregularmente.
Los policías municipales procedieron hoy a colocar carteles con la inscripción de "clausurado" en el cerco metálico de entrada a la planta de Lucchetti, después de que Miyashiro culminara con la inspección.
El alcalde llegó a la fábrica de fideos para constatar su cierre, conforme lo dictó una orden de la Municipalidad de Lima Metropolitana en diciembre pasado, después de una disputa que llegó a los tribunales de justicia en 1998.
Los ejecutivos de la empresa tenían plazo hasta el 15 de enero para realizar el cierre, pero la liquidación y despido de los 400 trabajadores se hizo efectiva la semana pasada, según confirmaron varios ex empleados en el lugar.
A raíz de la orden de clausura, la empresa chilena puso una demanda contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que fue respaldada por su Gobierno.
Chile reclamó que la controversia debía ser resuelta en el marco del Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones (APPI), firmado por ambos países en 2001, pero Perú respondió que el problema empezó antes de que el convenio entrase en vigencia.
Sin embargo, la Cancillería peruana propuso a su similar chilena iniciar diálogos a nivel diplomático para resolver la diferencia, pero esta opción fue rechazada por Chile.
Los trabajadores peruanos de la fábrica se quejaron hoy de que el alcalde Miyashiro no los haya atendido, como prometió, para buscarles otro puesto de trabajo.
