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CIADI habría acogido demanda de Lucchetti contra Perú

La información, que fue entregada por diversos medios de comunicación peruanos, fue desmentida por la empresa ligada al grupo Luksic.

14 de Febrero de 2003 | 10:10 | El Mercurio en Internet
LIMA.- El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones(CIADI) habría acogido la demanda presentada por la empresa Lucchetti contra el Estado peruano, a raíz del cierre de su fábrica ubicada en las cercanías de Los Pantanos de Villa en Lima.

La noticia se conoció esta mañana a través de diferentes medios de comunicación peruanos que citan a fuentes oficiales. Sin embargo, la empresa ligada al grupo Luksic descartó haber sido notificada de alguna resolución al respecto.

Por ahora, la intención del Gobierno del Presidente Alejandro Toledo sería contratar, a través de la Cancillería, un abogado en la capital estadounidense para la defensa peruana.

Lucchetti -cuya planta en Perú fue clausurada oficialmente el pasado 16 de enero- acusó al Estado peruano ante el CIADI por no respetar el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones (APPI), que sucribió con Chile, al permitir que la Municipalidad de Lima clausurara su fábrica, pese a contar con los permisos medio ambientales necesarios.

El propio APPI designó al CIADI como el organismo destinado a dirimir las conflictos que surgan entre un inversionista y un Estado.

Sin embargo, Perú alegó que el acuerdo no estaba en vigencia cuando se inició la controversia con Lucchetti por lo que el CIADI no tenía competencia para resolver la demanda en su contra.

Esto, porque a su juicio los primeros problemas con la empresa datan de 1998 y el APPI entró en vigencia a principios de agosto de 2001. Lucchetti y el Estado chileno piensan lo contrario, ya que el cierre de la fábrica de la empresa se decidió por primera vez a fines de agosto de 2001, cuando el APPI estaba plenamente vigente.

Millonaria inversión

Lucchetti invirtió en Perú US$ 157 millones y llegó a tomar más del 25 por ciento del mercado de ese país. Sin embargo, la medida de las autoridades peruanas dejó a la empresa chilena fuera del mercado.

Por ello, la compañía inició acciones legales ante el CIADI para demandar al Estado peruano y exigirle una indemnización de US$ 150 millones, alegando discriminación.
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