SANTIAGO.- Rechazando la posible autorización que entregaría el Servicio Agrícola y Ganadero chileno, para permitir que se importe tomate peruano al país, la diputada Rosa González lamentó que las autoridades chilenas no protejan a los pequeños agricultores de la zona norte, sobre todo considerando que son miles las familias que subsisten gracias al cultivo de este producto y existe el eventual riesgo de ingreso de plagas cuarentenarias al territorio nacional.
Para la legisladora, las reuniones sostenidas en Arica entre las máximas autoridades nacionales y regionales del SAG y los agricultores ariqueños, -con la ausencia del Intendente de la Primera Región, por encontrarse en gira por Europa junto al Presidente Ricardo Lagos-, han sido una "burla" para estos productores nacionales, ya que pese a todos los argumentos técnicos entregados por éstos a las autoridades, persiste la idea de formalizar la resolución que permitirá el ingreso de tomates peruanos al país, con el consiguiente perjuicio para la economía local de este producto.
Según la diputada por Arica, es vergonzoso que a través de simples resoluciones del SAG, se desestimen informes técnicos y profesionales de la Universidad de Tarapacá, que alertan sobre el riesgo de llegada de plagas cuarentenarias al país, poniendo en serio peligro la estabilidad sanitaria lograda hasta el momento por Chile.
"Es asombroso que un organismo como el SAG, que supuestamente debe velar por la seguridad fitosanitaria del país, desestime y no considere estos riesgos, ya que con esta tozudez se ponen en peligro todos los esfuerzos que realizan en conjunto tanto algunas autoridades de gobierno como los productores nacionales, por mantenerse libre de cualquier plaga que pudiera atacar sus cultivos", manifestó la parlamentaria.
Finalmente, la parlamentaria reiteró su rechazo ante esta eventual resolución, ya que dijo que pese a que se exigirán algunas normas para la importación de tomates peruanos, serán las autoridades nacionales las que deberán asumir los costos económicos y políticos, que pudieran surgir ante los perjuicios económicos y fitosanitarios que podrían enfrentar los agricultores nortinos, por una decisión que la mayoría rechaza ni comparte.
