SANTIAGO.- El ministro de Relaciones Exteriores anunció esta tarde que el Gobierno chileno, dentro del marco de Resolución de Controversias de la OMC, envió ayer la petición del inicio de consultas a la Unión Europea para intentar revertir el difícil escenario al que se enfrenta la industria salmonera nacional, a raíz de las cuotas de importación impuestas por el bloque europeo.
Esta "presentación de consulta", firmada por Alejandro Jara, embajador ante la OMC, quedó ingresada ayer en la secretaría del organismo y da a conocer los argumentos para señalar que, a juicio del gobierno, esta medida no se ajusta a la normativa de la OMC.
"No ha habido en este caso un aumento de las importaciones lo bastante reciente, súbito, agudo e importante, que son las condiciones en las que sí se pueden aplicar salvaguardias", sostuvo el secretario de Estado.
El canciller fue enfático en señalar que tampoco ha existido daño grave a una rama de la producción de algún país europeo.
La UE decidió, el viernes pasado, aplicar un precio mínimo y una sobretasa arancelaria a las importaciones que superen una cuota preestablecida de salmón de piscifactoría procedente de Chile, Noruega e Islas Faroe.
Esta medida fue adoptada como consecuencia de una denuncia por competencia desleal presentada por productores de Irlanda y Escocia, que se consideran los más afectados por la competencia que viene desde fuera de la alianza europea.
Un 8% del total de importaciones de la industria salmonera nacional se destina al viejo continente.
Walker además restó importancia a las críticas de la oposición sobre una posible negligencia por parte de la autoridad, señalando que éstas no responden al sentir del empresariado y que el gobierno está trabajando en conjunto con este sector.
"Queremos resaltar el compromiso del Gobierno de Chile de ejercer todas las acciones que estén de nuestra parte para impugnar una medida que estimamos injusta, ilegal, arbitraria y sin fundamento", aseguró el ministro.
Si no hay solución a la demanda nacional, una vez transcurridos sesenta días desde la presentación de ayer, el Ejecutivo llamará a un panel de expertos de la OMC para que resuelva.
