Javier Villa Stein, vocal supremo de Perú. |
LIMA.- El vocal supremo Javier Villa Stein aseguró que ningún poder extraño, sea nacional o extranjero, interferirá en la decisión judicial que ordenó la captura de los tres ex directivos chilenos de la empresa Lucchetti, Andrónico Luksic, Fernando Pacheco y Gonzalo Menéndez, a quienes se les vincula con Vladimiro Montesinos y negó que exista discriminación por razones de nacionalidad.
"El Poder Judicial es autónomo y en consecuencia ningún poder extraño debe interferir, ni nacional ni extranjero", subrayó el magistrado al ser consultado por las declaraciones de voceros del gobierno chileno referidas a que se tomarán acciones frente a la medida judicial.
Por su parte, el ministro de Justicia Alejandro Tudela dijo que el Gobierno tendrá que reclamar que en el Perú se respeta la soberanía a nivel de Estados y "el ejercicio de la administración de justicia".
Villa Stein manifestó que la ley peruana brinda mecanismos legales en caso las partes involucradas en un proceso judicial no estén satisfechas con alguna resolución dictada en contra de sus intereses.
Sin interferencias
"Aquí en el Perú, nos guste o no, se aplica la ley peruana, independientemente de la nacionalidad del real o supuesto infractor de la norma y en este caso (Lucchetti) se tiene que aplicar la ley peruana y para todos se aplica la misma ley penal sin discriminación", agregó.
Tudela y Villa Stein coincidieron en afirmar que no se permitirá ninguna injerencia en el proceso que se sigue a tres directivos de la empresa chilena Lucchetti, quienes tienen orden de captura internacional tras una decisión de la justicia peruana.
Los directivos de Lucchetti son acusados de tráfico de influencias por pedir a Vladimiro Montesinos, ex hombre fuerte del régimen de Alberto Fujimori, ayuda para ganar el litigio que sostenían con el municipio limeño, por la instalación de una fábrica de fideos en la zona ecológica Pantanos de Villa.
Las reuniones entre los empresarios chilenos, para quienes el fiscal pide cuatro años de cárcel, y el ex asesor, que se comprometió a ayudarlos, quedaron registradas en videos hechos públicos a la caída del gobierno de Alberto Fujimori, tras lo cual el municipio procedió al cierre de la planta.
