BRUSELAS.- La Comisión Europea estudia la posibilidad de preparar un paquete legislativo con el objetivo de obligar a las empresas públicas a pagar a sus contratistas en un plazo de 60 días, informó hoy el ejecutivo de Bruselas.
La reforma podría tener un impacto especialmente fuerte en países como España, Italia, Grecia o Portugal, donde los plazos de pago se dilatan incluso hasta los 180 días.
La iniciativa está destinada a ayudar especialmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes) europeas, dado que muchas de ellas corren riesgo de pasar por problemas económicos en caso de impago.
"Este acuerdo supone que las pymes no se verán más forzadas a funcionar a modo de bancos para las empresas públicas", aseguró la eurodiputada socialista alemana Barbara Weiler, una de las políticas responsables de llevar adelante las negociaciones para llegar a concretar la nueva legislación.
A tenor del acuerdo preliminar alcanzado ayer por la noche en Bruselas entre miembros del Parlamento Europeo, representantes de los gobiernos de la UE y la Comisión Europea, las autoridades públicas tendrán que pagar un interés del 8 por ciento de sus facturas en caso de que dilaten sus pagos más allá de los 60 días de plazo máximo.
Para los contratistas públicos más pequeños y para los negocios "business-to-business" (B2B) existe incluso un plazo más estricto de 30 días, informaron fuentes del Parlamento Europeo.
Está previsto que el acuerdo se apruebe en el Parlamento Europeo en octubre próximo. A partir de esa fecha, los 27 socios de la UE tendrán hasta dos años de plazo para transponer la directiva a sus legislaciones nacionales.