Hernán Somerville y Alejandro Alarcón, presidente y alto ejecutivo de la Asociación de Bancos.
El MercurioSANTIAGO.- "Creemos que la protección al consumidor financiero, debe ser asumida por un ente que cuente con la especialización técnica necesaria para velar por los derechos del consumidor, sin descuidar la estabilidad del sistema y el ahorro del público". Esa es parte de la opinión de la Asociacion de Bancos e Instituciones Financieras sobre el amplio debate originado por las acciones emprendidas por el Ejecutivo respecto de las llamadas claúsulas "abusivas" que implementaría la banca en la relación con sus clientes.
"Proponemos un modelo de defensa del consumidor enfocado en el producto, donde la Superintendencia de Bancos tenga bajo su alero toda la supervisión de los productos de crédito y captaciones; la Superintendencia de Valores las materias relacionadas a seguros e intermediación financiera, y la Superintendencia de AFP las relativas a pensiones. Esto, acompañado de una visión integrada entre las diversas entidades, con el fin de lograr una supervisión armónica", puntualiza el gremio que encabeza Hernán Somerville.
En el caso de la Superintendencia de Bancos, esto "implica la ampliación de su rango de acción, aprovechando su experiencia en regulación, cumplimiento de la normativa y know-how del negocio bancario e incorporando elementos de fiscalización asociados a la defensa del consumidor, más allá de los servicios bancarios tradicionales".
De este modo- agregan en la Asociación de Bancos- "se evita una sobre regulación que, lejos de favorecer al cliente, introduce rigideces innecesarias y aumenta significativamente los costos de transacción, dificultando el acceso al mercado formal del crédito tanto a los sectores más desposeídos de la población, como a la pequeña y micro empresa".
"El marco regulatorio definido para garantizar la protección de los consumidores de servicios financieros, también debe contribuir al fortalecimiento de esos mercados", dice la entidad.
Asimismo, "los funcionarios y entidades a cargo de la regulación y supervisión del sistema y del consumidor financiero, tienen que estar a la par de las nuevas tendencias y exigencias de la industria, de modo de posibilitar los objetivos de eficiencia, solidez, cultura financiera y estabilidad del sistema".
El modelo planteado en el proyecto que modifica la Ley 19.496, adopta el criterio de fortalecer el Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, dotándolo de una serie de herramientas tendientes a entregar mayor información al público, para que al momento de pactar un servicio financiero lo haga con todos los elementos de juicio necesarios para una adecuada contratación.
"Estimamos que la técnica legislativa adoptada por el proyecto, en el sentido de entregar a la autoridad administrativa una cantidad sustancial de materias vinculadas a la protección del consumidor, no es la apropiada, y que deberían establecerse en la propia ley los elementos que tienen que estar presentes en toda contratación. Ello, dado que son temas muy sensibles que inciden en el funcionamiento del sistema económico en su totalidad, por lo que no pueden quedar expuestos a cambios según las autoridades de turno", sostiene el gremio bancario.